Sábado, 23 de Julio, 2011
Evitar una sola víctima mortal por violencia doméstica o de sexo, maltrato o vejación sexual justificaría cualquier medida tendente a la prevención. Sabemos, por desgracia, que este tipo de delitos son extremadamente difíciles de combatir, y hay un dato que nos advierte justamente de esta dificultad: el 80% de las mujeres muertas por violencia machista no habían presentado antes una denuncia. Pero el 20% restante de las víctimas (un porcentaje que debe subir y que ya dista de cifras de épocas pretéritas, cuando las agresiones permanecían en silencio) tiene a su disposición, previa orden judicial, la posibilidad de acceder a nuevos métodos de seguimiento y control de alejamiento del agresor que permiten disfrutar de una mayor seguridad.
Las pulseras antimaltrato, que funcionan gracias al sistema telemático GPS, son un mecanismo efectivo y que puede ampliarse tanto en su condición de medida cautelar como formando parte de una pena ya impuesta. Aun así, tienen sus inconvenientes. El hecho de que, a menudo, se dispare la alarma que avisa de la infracción sin motivo genera un estado contrario al que se intenta conseguir. Ya sea por falta de cobertura, por el agotamiento de la batería o por otros problemas técnicos, el hecho de que la pulsera entre en funcionamiento sin que el presunto agresor haya incumplido el alejamiento provoca un estrés innecesario en la víctima, pendiente en todo momento de la posibilidad de una nueva irrupción de la violencia en su vida cotidiana.
En este asunto de las pulseras, además, está por demostrar su efectividad. Conviene reconocer que es un dispositivo relativamente reciente, pero el hecho de que el protocolo de aviso tenga que pasar por una central que luego comunica la emergencia a la policía introduce un factor de riesgo en unos momentos cruciales. Deben afinarse las estrategias que velen por las mujeres sometidas a esta violencia sin sentido. Ellas son el centro sobre el que gravita cualquier tipo de política preventiva. Por ello, tanto el Consejo General del Poder Judicial como la fiscalía y el Gobierno deben ahondar en el perfeccionamiento de las medidas (pulseras antimaltrato incluidas) que reviertan en una mayor calidad de vida y en la protección de las víctimas.
Los nuevos métodos de detección y persecución son cruciales en unos momentos en los que ni la concienciación social ni la divulgación de los apoyos que pueden recibir las mujeres maltratadas son suficientes para consiguir que disminuyan estos delitos, que incluso se van trasladando, de forma desesperanzadora, a las nuevas generaciones. Esta misma semana hemos tenido un doloroso ejemplo con la muerte a golpes de una joven granadina a manos de su novio. La educación tiene que estar en la base de la lucha contra una lacra que persiste, incomprensiblemente, en las sociedades más avanzadas.
http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=653750
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