UNIÓN ESTATAL DE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES POR LA CUSTODIA COMPARTIDA (UEFACC)
Portavoz: Fernando Basanta Ortega; Tf: 675 512 308; E-mail: coparentalidad@yahoo.es
3 de Julio, 2011
Como consecuencia de la decisión del Gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional la Ley Valenciana de Custodia Compartida, la Unión Estatal de Federaciones y Asociaciones por la Custodia Compartida (UEFACC) anuncia la convocatoria de nuevas acciones de protesta, así como la intención de emprender de forma inminente medidas judiciales contra el gobierno español en los tribunales internacionales, por haberse consagrado como el paradigma de los gobiernos de corte machista, cavernario y opuesto a la evolución de la sociedades avanzadas hacia la igualdad entre hombres y mujeres, así como a la protección de menores.
Resulta paradójico que el gobierno de Zapatero decida recurrir al TC una ley sin duda moderna, progresista y protectora de la familia, respaldada por la judicatura valenciana, cuando varias Audiencias Provinciales y Decanatos Judiciales de España han interpuesto cuestiones de constitucionalidad a la Ley de Divorcio de 2005, que fue uno de los primeros grandes engaños de la legislatura socialista, porque dichas cuestiones se refieren a enmiendas que el PSOE votó en sentido contrario a lo pactado en el Senado, y que convirtieron el articulado de la ley en un campo minado que imposibilitó en la práctica la consecución de los principios y objetivos que sustentaban su propia exposición de motivos: la corresponsabilidad parental y el fin de los divorcios gestionados bajo un sistema culpabilístico.
Sin embargo, ahora el gobierno, en lugar de reconocer su grave metedura de pata y corregir su propia ley estatal, insiste en hacer perder el tiempo a un más que cuestionado Tribunal Constitucional, provocando que la Judicatura en bloque recurra su ley de divorcio, mientras plantea cuestiones de constitucionalidad a las leyes hechas desde la seriedad y la reflexión profunda de las Cortes Valencianas. No vamos a permitir por más tiempo que el gobierno socialista continúe corrompiendo sin rubor el concepto de constitucionalidad.
Además, es indecente que se condicione la capacidad de autogobierno de las comunidades autónomas de forma diferenciada en función del sentido ideológico de sus leyes. Estas graves injerencias, son altamente inconsistentes con la permisividad que el gobierno otorga en otras comunidades.
Recibido por email.
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