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- Sánchez de León defiende en Madrid la necesidad de cambiar la ley para que maltratadas no tengan que declarar en juicio
Paula Sánchez de León pide, además, que las víctimas conozcan los permisos penitenciarios de sus agresoreshttp://www.abc.es/20120805/local-comunidad-valenciana/abci-cambio-legislacion-maltrato-201208051626.html
La delegada del gobierno en la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León, ha trasladado al secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, la «necesidad» de modificar la legislación actual para que las mujeres víctimas de malos tratos no tengan la obligación de declarar también durante el juicio.Así lo ha indicado Sánchez de León en una entrevista concedida a la agencia Europa Press, en la que se le ha preguntado por las novedades en materia de violencia de género y las posibles modificaciones legislativas relativas a este asunto.La delegada ha mantenido esta semana un encuentro con Moreno, en el que, entre otras propuestas, le ha señalado la de reformar el artículo 777.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), en el que se regula la validez de la prueba preconstituida en fase de instrucción.El objetivo sería introducir en esta normativa una modificación por la que una mujer víctima de malos tratos pueda renunciar a declarar en el juicio contra su agresor, después de que ya lo haya hecho dos veces antes: en la Policía (cuando se interpone la denuncia) y en el juzgado de Violencia sobre la Mujer (cuando se recibe el escrito y se llama a la denunciante para ratificarlo).En esencia, se pretende que la primera declaración de la víctima ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer sirva como prueba preconstituida y con las debidas garantías legales, y se obvie la reiteración de esta declaración en el juicio.Una propuesta «muy bien acogida»
Esta propuesta (ha recordado la delegada) se la trasladó hace unas semanas el presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro. La misma, según ha dicho, ha sido «muy bien acogida» por parte de Moreno, quien se ha comprometido a estudiarla. «Esta reforma sería muy importante», ha añadido.Sánchez de León ha lamentado que muchas de las mujeres que sufren malos tratos y que lo denuncian ante la Policía, luego «dan marcha atrás» y no acuden al juicio a ratificar su versión de los hechos. Por este motivo, muchos de los agresores se libran de sentencias condenatorias.Por este motivo, la delegada ha defendido una modificación de la ley, para evitar que la víctima sufra una doble victimización, al tener que volver a declarar lo que ya manifestó en fase de instrucción del procedimiento.Otras medidas
Junto a este asunto, Sánchez de León también ha propuesto a Moreno la posibilidad de que Instituciones Penitenciarias informe también a las mujeres maltratadas, a través de las Oficinas de Atención de Víctimas del Delito, sobre los permisos de sus maltratadores. Algo que (según ha dicho) «también ha sido bien acogido».No obstante, como cada comunidad tiene una manera de funcionar en este ámbito, la delegada le ha comunicado a Moreno que en la autonomía valenciana se firmará un protocolo con la Conselleria de Justicia para lograr esta información directa entre Prisiones y estas Oficinas. Este protocolo estará listo, probablemente, en septiembre.Hasta ahora, Instituciones Penitenciarias comunicaba los permisos de los maltratadores a la Policía. Pero el objetivo es extender esta información a las Oficinas de Víctimas del Delito (encargadas de gestionar las órdenes de alejamiento) para que las propias víctimas sean informadas directamente de esta medida, por si la quieren recurrir o pretenden adoptar alguna medida.Así, esta medida supone un «plus más» de ayuda psicológica a la víctima, quien «recibe una llamada, tiene información directa, sabe cuánto dura el permiso, etc». Además, el asistente de la Oficina también puede hablar con la víctima, aconsejarle o tranquilizarle, si lo necesita.Por otro lado, Sánchez de León ha propuesto a Moreno elaborar un mapa sobre los recursos en materia de violencia de género, porque existe «mucha disparidad» entre las comunidades autónomas.«Sería muy efectivo que todas las comunidades supiéramos todos los recursos que hay y que pudiera haber mucha colaboración», ha dicho. A su juicio, se deben «equilibrar» los recursos existentes, y para eso hay que tener un mapa «claro».
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