El juez Calatayud defendió en una conferencia en El Altillo School “el principio de autoridad”
En su opinión en la legislación sobre menores se ha ido “de un extremo al otro”
El juez de menores de Granada (d) pronunció una conferencia anoche en el Altillo School. · Autor: Fonteseca
El juez de menores de Granada, Emilio Calatayud, llenó ayer noche el gimnasio del colegio El Altillo, donde padres y profesores de este centro escolar siguieron con suma atención sus palabras en una conferencia organizada por la Escuela de Padres ‘Laude’ de dicho centro escolar.Calatayud, con su habitual simpatía y modo de decir las cosas, claras, directas, sin miedo a llamarlas por su nombre, se ganó la confianza del auditorio en solo unos minutos y tras una entrada repleta de toques de humor, descargó todo su conocimiento de la situación de los menores con problemas ante un auditorio que escuchó entregado.
El juez, en síntesis, vino a decirlo que muchos padres han pensado alguna vez pero no se atreven a formular o, incluso, poner en práctica por rozar lo políticamente incorrecto. Esto es, que en los planteamientos educativos se ha pasado en España en apenas tres décadas de un extremo al otro, de un sistema en el que el menor no tenía derecho alguno, a otro en el que los tiene todos, lo sabe y mal informado, considera que ese tenerlos todos significa que no tiene la menor obligación y que puede hacer cuanto le venga en ganas que no tendrá consecuencias.
Calatayud definió su postura ante el problema de la educación de los hijos asegurando que, en su opinión, entre la imposición y el razonamiento y el diálogo llevado a su extremo absurdo hay un término medio, que es donde hay que quedarse.
“Yo soy el padre de mis hijos, no su amigo, entre otras cosas porque si fuera su amigos los dejaría huérfanos, y eso no puede ser”, dijo mostrando con claridad dónde deben estar los límites.Además, señaló el error de algunas correcciones que se han hecho a los artículos del Código Civil donde se recoge la patria potestad y donde se establecen los deberes y facultades de los padres para con sus hijos. En este sentido citó la eliminación de la posibilidad de “corregir moderadamente a los hijos” al confundirse un cachete con maltrato por la terminología actual en la que esa corrección ha de hacerse sin atentar a la integridad física o psicológica del menor, resolviendo que antes era más fácil ser padre que ahora.
Tras enumerar un decálogo de lo que hay que hacer para convertir a un hijo en un potencial delincuente, se refirió a que el número de chicos que son condenados por maltrato a sus padres es cada vez mayor, empezando a dictarse ordenes de alejamiento de unos de los otros.
Lo que está pasando, a su juicio, es que se ha olvidado el artículo 155 del Código Civil, donde dice que los hijos deben obedecer y respetar a sus padres y contribuir en la medida de sus posibilidades al sustento familiar, lo que no es sinónimo de que deban aportar dinero, sino participar en las tareas del hogar.
El juez, que defendió el principio de autoridad de los padres, no olvidó referirse a que ha de hacerse extensivo a los profesores, otra pieza clave en la educación de los jóvenes, y que esa defensa ha de hacerse sin complejos.
Tras referirse a la influencia de las drogas en estos comportamientos (alcohol incluido) dio algunos datos de interés, como que el 80% de los delincuentes había sufrido fracaso escolar; que el 38% de los jóvenes españoles sufre algún tipo de deterioro neuronal como consecuencia del consumo de drogas o alcohol; o que el internamiento de un joven cuesta al estado cerca de 250 euros diarios.
El juez, entre otras cosas, remarcó en varias ocasiones que los menores están mal informados y muy equivocados respecto a las consecuencias que se derivan de sus actos. En este sentido subrayó que no son ciertas las cifras que se dan sobre el tiempo máximo que pueden pasar internados, ni otros datos sobre la ausencia de consecuencias de su comportamiento.
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