Las asociaciones piden más órdenes de alejamiento al renovarse el acuerdo entre instituciones contra la violencia de género
ana ibarra/EFE - Sábado, 18 de Diciembre de 2010
Muñoz, Saiz, Sanz, García Malo, Fernández y García
Pamplona.Los máximos representantes del poder judicial en Navarra, Juan Manuel Fernández, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), y Javier Muñoz fiscal jefe del TSJN, mostraron ayer su desacuerdo con la medida recogida en el Código Penal para retirar la custodia de sus hijos al maltratador, ya que se trata de una medida de "una gravedad que no hace falta explicar y que para su adopción requiere de algo más que la mera sospecha sino la prueba de unos hechos", señaló Fernández. El fiscal jefe añadió que sólo una denuncia "no es suficiente para quitar a un padre la guardia y custodia sino que, al menos, hace falta una resolución judicial donde se aprecie una responsabilidad basada en investigación y con datos". Cabe recordar que el Gobierno central ha defendido que una persona no pueda ejercer la custodia individual de los hijos tras una separación o divorcio si está imputado en un proceso penal como presunto autor de malos tratos a su pareja. Se trata de una medida de carácter cautelar que deberá adoptar el juez para proteger a los niños mientras se resuelve el proceso penal.
En la firma del segundo acuerdo interinstitucional para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, que actualiza y mejor el firmado el 16 de mayo de 2002, tanto Fernández como Muñoz coincidieron en destacar la importancia de la prevención frente a la violencia machista, pero también en la necesidad de dar una respuesta penal cuando la misma se produce. Y en este sentido el presidente del TSJN subrayó "el firme compromiso del poder judicial de otorgar la mayor protección posible a las víctimas", mientras que Muñoz señaló que necesitan de la "colaboración de las mujeres" y la manera de obtenerla es "que confíen en el sistema, que denuncien porque el sistema es bueno y este convenio, un instrumento útil y válido".
Llamada a denunciar El actual proceso desde que se interpone una denuncia hasta que se condena, según Muñoz, durante entre cinco y seis meses, o dos semanas si se trata de un juicio rápido. "Hay que denunciar por pequeño que sea el incidente, no callarse, porque puede suceder entonces algo importante, cuando además la mujer se encuentra moralmente ya sin posibilidad de defenderse", reiteró Muñoz, quien aludió a la coordinación existente entre policías, justicia y recursos asistenciales para atender a las víctimas. Mostró por ello su preocupación ante el hecho de que al menos un 40% de las denuncias se retiren ya que esto implica que "se absuelve al acusado y la mujer queda a merced de la misma persona". Los motivos de estas retiradas pueden ser varios, "pero no creo que estén en la desconfianza en el sistema judicial", apuntó Fernández, quien se refirió como posibles causas al miedo a que sufran los hijos, al temor de la propia mujer o a "pretendidas promesas" por parte del maltratador. Para estos casos, Muñoz garantizó que desde la Fiscalía se intenta tratar a la denunciante "como a los menores víctimas de abusos" para que "no sufran más", mientras que si se trata de agresiones menores, pese a que el Código Penal es "muy severo", se procura "suavizar si se puede, aunque con muchas cautelas" porque no es posible combatir esto "si no se ataja desde el primer momento".
Novedades Una de las novedades del nuevo acuerdo es la incorporación de la Federación Navarra de Municipios y Concejos con la progresiva formación de las policías locales, la colaboración de los servicios sociales de base y el trabajo de las agentes de igualdad, principalmente en los pueblos pequeños, donde el maltrato permanece más en el "anonimato", señaló su presidente, Jesús María García. El jefe del Ejecutivo, Miguel Sanz, destacó que las instituciones públicas hacen de este asunto una prioridad, trabajando con la mayor coordinación posible para lograr que "ni un solo caso quede sin denunciar", y la delegada del Gobierno en Navarra, Elma Saiz, subrayó que la educación es un pilar básico y recordó que las víctimas disponen del teléfono 016, que no deja rastro en la factura.
Para la asociación Argitsua, sin violencia ni género queda mucho por hacer para hablar de una coordinación real, ya que es necesario, según Daniel Borda, crear una comisaría única en materia de género porque ahora intervienen distintos cuerpos policiales. Destacó también que no todos los juicios se ganan, pues muchas veces es difícil aportar pruebas. Borda agregó que muchas primeras condenas son de seis meses si no hay precedentes y añadió que entra en el mismo procedimiento "un empujón tras una discusión como mantener a la mujer diez años encerrada en casa", por ello reclamó mayor información antes de poner una denuncia. A juicio de Sagrario Mateo, de Aprodemm, el problema es que no se concedan órdenes de alejamiento cada vez que se pone una denuncia. Asimismo, teniendo en cuenta que el 90% del maltrato se produce contra la mujer, no considera "justo" separar al padre de los hijos si no hay violencia contra los niños porque eso puede crear "mayores conflictos". Según Borda, la medida no tiene ningún efecto práctico porque el grueso de las custodias en estos casos están en manos de la madre, y además el régimen de visitas es un derecho de los hijos.
http://www.noticiasdenavarra.com/2010/12/18/sociedad/el-tsjn-y-el-fiscal-abogan-por-probar-el-maltrato-antes-de-quitar-al-agresor-la-custodia-de-los-hijos
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