Siete leyes sociales en estado terminal

El adelanto electoral hace imposible ya la aprobación de varias de las "prioridades legislativas" del Gobierno
Zapatero prometió que su primera ley sería para proteger a las mujeres y así fue: en diciembre de 2004 fue aprobada por unanimidad en el Congreso la Ley contra la Violencia de Género, pionera en Europa. Incluía medidas sociales, educativas y judiciales; entre estas, la más controvertida: si un hombre maltrata a una mujer, la condena es mucho más dura que si la mujer maltrata al hombre. El Tribunal Constitucional avaló en 2008 esa desigualdad
Martes 20 de Septiembre de 2011

 La Ley General de Salud Pública ha sido la última norma social que, aprobada in extremis la semana pasada, ha logrado colarse en el bagaje legislativo del Gobierno. Muchas otras, sin embargo, se quedarán en el tintero. La inminente disolución de las Cortes Generales, el próximo 27 de septiembre, deja en el camino varios proyectos de ley que el PSOE había calificado de "prioridades legislativas", como la Ley de Muerte Digna o la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación. De hecho, el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya anunció que estas dos normas serán las primeras que apruebe si el 20-N se convierte en presidente del Gobierno.
Lo que sigue es un listado de compromisos del Ejecutivo socialista convertidos en proyectos frustrados. Algunos no salieron adelante por falta de tiempo; otros, por falta de acuerdo, como la prometida reforma de la Ley de Libertad Religiosa. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ya advirtió en noviembre del año pasado que la modificación de la norma, criticada por la Iglesia y la derecha política y mediática, era "conveniente pero no urgente".
Finalmente, casi un año después, y al inicio de un ciclo electoral como entonces, el proyecto descansa, junto con tantos otros, en el cajón de las promesas del PSOE que el Gobierno no ha querido o podido cumplir.
01: muerte digna
02: igualdad de trato
Equiparación a Europa
Tampoco verá la luz la ley que pretendía, entre otras medidas, dejar fuera de las subvenciones públicas a los colegios que segregan a los alumnos por sexo. En términos generales, la Ley de Igualdad de Trato pretendía combatir la discriminación en el empleo, la educación y el acceso al trabajo, la vivienda o los servicios sociales y sanitarios.
El proyecto de ley, que el Consejo de Ministros presentó el pasado 29 de mayo, incluía también un paquete de sanciones (de entre 300 y 500.000 euros) para quienes incumpliesen las normas. Se señaló 2013 como el año de entrada en vigor.
La iniciativa, una promesa electoral del PSOE, desarrollaba los artículos 9 y 14 de la Constitución sobre la igualdad de todos los ciudadanos y la obligación del Gobierno de velar por su cumplimiento. Además de la discriminación "por lugar de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, condición y opinión, ahora también hablamos de edad, discapacidad, identidad sexual y enfermedad", defendió antes de verano la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín.
Con la nueva ley, el Gobierno pensaba poner a España al nivel de la mayoría de países miembros de la UE, que ya habían aprobado normas similares en años anteriores, como Alemania, Holanda, Austria y Suecia. Además, el Gobierno preveía crear una Fiscalía especializada y aunar en un nuevo organismo, la Autoridad Estatal para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, las entidades que trabajan en estas materias, informa Daniel Ayllón.
03: anuncios de relax
04: infancia
Protección de menores
"Mejorar la protección del menor, evitar posibles situaciones de desamparo y agilizar los trámites de la adopción y acogida". Esos eran los objetivos de la actualización de la legislación sobre Protección a la Infancia, según la ministra de Sanidad, Leire Pajín. El pasado 8 de julio el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley, que también buscaba potenciar el acogimiento familiar de menores en situación de desamparo frente a su ingreso en centros tutelares.
La actual legislación, de 1996, ha sido muy criticada por entidades privadas y públicas de defensa del menor, la Fiscalía General del Estado, el Comité de los Derechos del Niño y el propio Defensor del Pueblo.
Uno de los puntos más polémicos de la reforma es la situación de los centros de menores con trastorno de conducta, es decir, centros que acogen a menores con problemas de inadaptación familiar o social y de conducta, pero que no han delinquido. Estos centros han sido objeto de denuncia por parte del Defensor del Pueblo.
Aunque la denuncia más grave se produjo en febrero de 2009 cuando la institución denunció que algunos de estos centros llegaban a usar "celdas de aislamiento atroces", informa Alejandro Torrús.
05: extranjería
06: protección animal
07. Ley de libertad religiosa

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