Lunes 08 de agosto de 2011
Un letrado malagueño consulta uno de sus manuales. Gregorio Torres
JOSÉ ANTONIO SAU Un abogado, no se engañe, está básicamente para resolver problemas. Pero cada tiempo viene preñado de sus aflicciones propias, de tal forma que lo definen: por eso, en crisis, lo que preocupa a los ciudadanos es hacer frente a sus deudas; a los divorciados, poder llegar a un convenio justo con sus exparejas; y al empresario, que el proceso concursal en el que se mete le permita sobrevivir en el mercado. Cada colectivo requiere de una solución, lo que ha obligado a los despachos jurídicos a reorientar sus especialidades desde los nichos habituales, Penal y Civil, a nuevas trincheras: Mercantil, Familia, Responsabilidad Civil y Social.
Es decir, que el asesoramiento jurídico en procesos concursales, divorcios o separaciones o para lograr el cobro de una responsabilidad civil por problemas en la adquisición de una casa o tras un accidente de tráfico son, hoy en día, especialidades engrosadas por cada vez mayor número de juristas. Y no hay olvidar las diferentes áreas del Derecho Social: el consejo jurídico durante la negociación de un expediente de regulación o para ganar a la empresa una demanda por despido.
Cae el tráfico inmobiliario
«Los despachos tienen hoy un escaso volumen de trabajo relativo al tráfico inmobiliario, pero otras áreas aumentan: eso ocurre con Social o Concursal. La situación de crisis ha generado trabajo en áreas tales como el Derecho de Familia –divorcios o separaciones–. Y los abogados se forman en los sectores que más trabajo les ofrecen», explica Manuel Camas, decano del Colegio de Abogados de Málaga.
Hay, incluso, despachos cuya cartera de servicios está dedicada enteramente a combatir la crisis. Y muchos que se han especializado únicamente en la gestión y el asesoramiento de los procesos concursales. «Se especializan en la crisis como única fuente de entrada de sus ingresos. Hay una lista con varios cientos de despachos capaces de gestionar un concurso y que piden ser administradores concursales», apunta.
El decano defiende que la profesionalización del colectivo es cada vez más eficiente, a lo que ha colaborado sin duda «la oferta formativa» de la institución colegial. Sin ir más lejos, el colegio ofrece un minucioso curso de experto concursal.
Incluso, la propia fisonomía de los despachos profesionales está cambiando. En Málaga, asegura Camas, hay más de 5.000 abogados y cerca de 3.000 despachos. «Durante muchos años, los letrados de un firma compartían gastos únicamente; eso ha evolucionado, y entre los diferentes socios hay más relación, por ejemplo compartiendo clientes o dedicándose cada uno de ellos a una especialidad distinta: uno a Responsabilidad Civil, otro a Familia, un tercero a Concursal», aclara el decano de los juristas malagueños.
Las firmas jurídicas son empresas flexibles, de tal forma que la crisis, tras acabar con todas las líneas de contención, les ha obligado a mutar, a modificarse, a escoger con más cuidado la ola a la que se suben para no naufragar: «Unos han disminuido el tamaño, otros se agrupan y crecen para compartir gastos; algunos han creado sociedades profesionales, etcétera... todo ello con el fin de ser cada vez más competitivos, buscando continuamente fórmulas asociativas para hacer frente a la crisis económica», dice Camas.
Ley de Acceso a la Profesión
Sin embargo, no sólo la carestía económica está afectando a la composición de los despachos profesionales, ya que la Ley de Acceso a la Profesión, aprobada a finales de 2006, obliga a los abogados que quieran ejercer a superar un examen estatal. Ello no tendrá incidencia sobre los ya colegiados o sobre quienes lo hagan de aquí a dos años, pero sí para el resto.
La vacatio legis del texto ha sido de varios años para dar tiempo a los juristas rezagados a acabar la carrera, pero ya no hay tiempo para más tras la aprobación del reglamento en junio. Ahora, además del grado –de cuatro años– habrá que superar un máster en abogacía de carácter práctico y luego la prueba.
Esta norma ha propiciado una nueva avalancha de colegiaciones en la institución que dirige Manuel Camas. «Somos 5.000, y la media es de trescientas nuevas colegiaciones cada año; en los dos últimos ejercicios, ese ritmo de altas ha subido a cuatrocientas debido a la Ley de Acceso a la Profesión», reconoce Camas.
El decano explica este pico de crecimiento en el número de colegiaciones precisamente por el deseo de muchos licenciados en Derecho que no ejercían la abogacía de escapar al examen estatal, similar al MIR de los médicos. «Se están colegiando juristas que ejercían como asesores de empresas o abogados que trabajan en la función pública, que, tal vez, algún día deseen desarrollarse en la profesión», subraya Camas.
Es decir, que el asesoramiento jurídico en procesos concursales, divorcios o separaciones o para lograr el cobro de una responsabilidad civil por problemas en la adquisición de una casa o tras un accidente de tráfico son, hoy en día, especialidades engrosadas por cada vez mayor número de juristas. Y no hay olvidar las diferentes áreas del Derecho Social: el consejo jurídico durante la negociación de un expediente de regulación o para ganar a la empresa una demanda por despido.
Cae el tráfico inmobiliario
«Los despachos tienen hoy un escaso volumen de trabajo relativo al tráfico inmobiliario, pero otras áreas aumentan: eso ocurre con Social o Concursal. La situación de crisis ha generado trabajo en áreas tales como el Derecho de Familia –divorcios o separaciones–. Y los abogados se forman en los sectores que más trabajo les ofrecen», explica Manuel Camas, decano del Colegio de Abogados de Málaga.
Hay, incluso, despachos cuya cartera de servicios está dedicada enteramente a combatir la crisis. Y muchos que se han especializado únicamente en la gestión y el asesoramiento de los procesos concursales. «Se especializan en la crisis como única fuente de entrada de sus ingresos. Hay una lista con varios cientos de despachos capaces de gestionar un concurso y que piden ser administradores concursales», apunta.
El decano defiende que la profesionalización del colectivo es cada vez más eficiente, a lo que ha colaborado sin duda «la oferta formativa» de la institución colegial. Sin ir más lejos, el colegio ofrece un minucioso curso de experto concursal.
Incluso, la propia fisonomía de los despachos profesionales está cambiando. En Málaga, asegura Camas, hay más de 5.000 abogados y cerca de 3.000 despachos. «Durante muchos años, los letrados de un firma compartían gastos únicamente; eso ha evolucionado, y entre los diferentes socios hay más relación, por ejemplo compartiendo clientes o dedicándose cada uno de ellos a una especialidad distinta: uno a Responsabilidad Civil, otro a Familia, un tercero a Concursal», aclara el decano de los juristas malagueños.
Las firmas jurídicas son empresas flexibles, de tal forma que la crisis, tras acabar con todas las líneas de contención, les ha obligado a mutar, a modificarse, a escoger con más cuidado la ola a la que se suben para no naufragar: «Unos han disminuido el tamaño, otros se agrupan y crecen para compartir gastos; algunos han creado sociedades profesionales, etcétera... todo ello con el fin de ser cada vez más competitivos, buscando continuamente fórmulas asociativas para hacer frente a la crisis económica», dice Camas.
Ley de Acceso a la Profesión
Sin embargo, no sólo la carestía económica está afectando a la composición de los despachos profesionales, ya que la Ley de Acceso a la Profesión, aprobada a finales de 2006, obliga a los abogados que quieran ejercer a superar un examen estatal. Ello no tendrá incidencia sobre los ya colegiados o sobre quienes lo hagan de aquí a dos años, pero sí para el resto.
La vacatio legis del texto ha sido de varios años para dar tiempo a los juristas rezagados a acabar la carrera, pero ya no hay tiempo para más tras la aprobación del reglamento en junio. Ahora, además del grado –de cuatro años– habrá que superar un máster en abogacía de carácter práctico y luego la prueba.
Esta norma ha propiciado una nueva avalancha de colegiaciones en la institución que dirige Manuel Camas. «Somos 5.000, y la media es de trescientas nuevas colegiaciones cada año; en los dos últimos ejercicios, ese ritmo de altas ha subido a cuatrocientas debido a la Ley de Acceso a la Profesión», reconoce Camas.
El decano explica este pico de crecimiento en el número de colegiaciones precisamente por el deseo de muchos licenciados en Derecho que no ejercían la abogacía de escapar al examen estatal, similar al MIR de los médicos. «Se están colegiando juristas que ejercían como asesores de empresas o abogados que trabajan en la función pública, que, tal vez, algún día deseen desarrollarse en la profesión», subraya Camas.
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