Miércoles, 17 de Agosto 2011
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- Piden a Japón medidas contra la sustracción de menores
TOKIO, ago (IPS) - El bangladesí Shahdul Huq vio por última vez a su hija hace tres años, cuando al divorciarse de su esposa japonesa se quedó sin la "visa de cónyuge", pese a que reside en este país desde hace dos décadas.
Huq interpuso un recurso legal para quedarse en Japón. "El primer paso para tener derecho a visitar a mi hija es conseguir un permiso legal para permanecer aquí. Ahora, por lo menos, tengo una plataforma para luchar y reunirme con ella", indicó.
Al haber excedido el tiempo de permanencia y correr el riesgo de ser deportado, Huq está en una complicada situación legal que no es común.
"Represento a varios hombres asiáticos y africanos que se divorciaron y están obligados a irse de Japón y abandonar a sus hijos por no tener visa", dijo Yushi Nagase, abogado de Huq.
A través de los medios, Huq y otros dos hombres reclamaron el derecho de ver a sus hijos la semana pasada. Ninguno de los tres tuvo la posibilidad de verlos tras el divorcio.
El tunecino Zidi Mourad, de 36 años, no ve a sus hijos desde febrero de 2010, cuando se separó de su esposa. Su visa vence en abril de 2012 tras lo cual afronta un futuro incierto.
"No podemos verlos ni jugar con ellos porque para el sistema legal japonés los padres no tienen derechos sobre sus hijos. Nadie nos puede ayudar y es muy duro para nosotros", explicó.
Coulibaly Tidani, de Mali, fue detenido por las autoridades de inmigración cuando trató de que su visa de cónyuge se transformara en una residencia de largo plazo como padre de un menor japonés.
"Quiero ver a mi hijo", declaró Tidani, de 28 años.
La legislación japonesa no reconoce la custodia compartida tras el divorcio, explicó Jotaro Kato, portavoz de la Asociación de Amigos de Personas Asiáticas, una organización de derechos humanos y laborales.
"En Japón se discrimina a los ciudadanos de países en desarrollo. Ayudamos a hombres de India, Bangladesh, Filipinas y África a luchar por su visa tras el divorcio", indicó.
Presionado por padres divorciados, tanto japoneses como extranjeros, el gobierno anunció en junio que firmaría el Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción de Internacional de Menores, de 1980, que garantiza el derecho de custodia y de visitar a los hijos.
En la mayoría de los divorcios, las madres se quedan con la custodia de los menores, lo que también ocurre en muchos otros países.
La situación es particularmente difícil para los inmigrantes varones que llegan a Japón con visas temporales, encuentran un empleo mal pago o en fábricas, señaló el abogado Nagase. Se casan con japonesas y obtienen visa de cónyuge, que se cancela tras el divorcio.
"Los occidentales u otros extranjeros que trabajan en grandes corporaciones no son tan vulnerables. La gente de los estratos más bajos de la sociedad no pueden permanecer en Japón solo por su estatus", indicó.
El hecho también planteó la cuestión de la discriminación contra los extranjeros en el sistema de registro familiar, un documento de identidad fundamental.
"Los extranjeros quedan registrados bajo una categoría distinta a la de los japoneses, aun si están casados con visas de residencia", explicó.
El sistema revela una discriminación arraigada, observó Mourad. "¿Acaso los padres extranjeros solo son donantes biológicos?", preguntó.
La Asociación de Amigos de Personas Asiáticas también oficia de intermediaria entre las japonesas y sus maridos musulmanes en cuestiones como el derecho de las mujeres a trabajar y ser el sostén de la familia, lo que es difícil de aceptar para muchos hombres conservadores.
Las relaciones familiares son problemáticas, indicó Kato. La sociedad japonesa considera cada vez más que la familia nuclear es la unidad básica en comparación con la de muchos países asiáticos y africanos, que tienen familias extensas.
Huq, quien no puede trabajar por no tener visa, tuvo que dejar de pasar la pensión alimenticia a su exesposa, lo que le hace muy difícil aceptar su situación.
"La esperanza es lo único que me permite seguir adelante. Por favor, ayúdeme contándole al mundo mi difícil situación", suplicó.
Al haber excedido el tiempo de permanencia y correr el riesgo de ser deportado, Huq está en una complicada situación legal que no es común.
"Represento a varios hombres asiáticos y africanos que se divorciaron y están obligados a irse de Japón y abandonar a sus hijos por no tener visa", dijo Yushi Nagase, abogado de Huq.
A través de los medios, Huq y otros dos hombres reclamaron el derecho de ver a sus hijos la semana pasada. Ninguno de los tres tuvo la posibilidad de verlos tras el divorcio.
El tunecino Zidi Mourad, de 36 años, no ve a sus hijos desde febrero de 2010, cuando se separó de su esposa. Su visa vence en abril de 2012 tras lo cual afronta un futuro incierto.
"No podemos verlos ni jugar con ellos porque para el sistema legal japonés los padres no tienen derechos sobre sus hijos. Nadie nos puede ayudar y es muy duro para nosotros", explicó.
Coulibaly Tidani, de Mali, fue detenido por las autoridades de inmigración cuando trató de que su visa de cónyuge se transformara en una residencia de largo plazo como padre de un menor japonés.
"Quiero ver a mi hijo", declaró Tidani, de 28 años.
La legislación japonesa no reconoce la custodia compartida tras el divorcio, explicó Jotaro Kato, portavoz de la Asociación de Amigos de Personas Asiáticas, una organización de derechos humanos y laborales.
"En Japón se discrimina a los ciudadanos de países en desarrollo. Ayudamos a hombres de India, Bangladesh, Filipinas y África a luchar por su visa tras el divorcio", indicó.
Presionado por padres divorciados, tanto japoneses como extranjeros, el gobierno anunció en junio que firmaría el Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción de Internacional de Menores, de 1980, que garantiza el derecho de custodia y de visitar a los hijos.
En la mayoría de los divorcios, las madres se quedan con la custodia de los menores, lo que también ocurre en muchos otros países.
La situación es particularmente difícil para los inmigrantes varones que llegan a Japón con visas temporales, encuentran un empleo mal pago o en fábricas, señaló el abogado Nagase. Se casan con japonesas y obtienen visa de cónyuge, que se cancela tras el divorcio.
"Los occidentales u otros extranjeros que trabajan en grandes corporaciones no son tan vulnerables. La gente de los estratos más bajos de la sociedad no pueden permanecer en Japón solo por su estatus", indicó.
El hecho también planteó la cuestión de la discriminación contra los extranjeros en el sistema de registro familiar, un documento de identidad fundamental.
"Los extranjeros quedan registrados bajo una categoría distinta a la de los japoneses, aun si están casados con visas de residencia", explicó.
El sistema revela una discriminación arraigada, observó Mourad. "¿Acaso los padres extranjeros solo son donantes biológicos?", preguntó.
La Asociación de Amigos de Personas Asiáticas también oficia de intermediaria entre las japonesas y sus maridos musulmanes en cuestiones como el derecho de las mujeres a trabajar y ser el sostén de la familia, lo que es difícil de aceptar para muchos hombres conservadores.
Las relaciones familiares son problemáticas, indicó Kato. La sociedad japonesa considera cada vez más que la familia nuclear es la unidad básica en comparación con la de muchos países asiáticos y africanos, que tienen familias extensas.
Huq, quien no puede trabajar por no tener visa, tuvo que dejar de pasar la pensión alimenticia a su exesposa, lo que le hace muy difícil aceptar su situación.
"La esperanza es lo único que me permite seguir adelante. Por favor, ayúdeme contándole al mundo mi difícil situación", suplicó.
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