31/01/2010 F. VALERO
El zaragozano Pedro G. F., de 40 años, se siente mal cada vez que va a casa de su exmujer en busca de su hijo. El tiempo que está con el menor, regulado por un estricto régimen de visitas, le sabe a poco. Por eso se considera un "padre frustrado" o, como él prefiere decir, "un mero visitador", una especie de paracaidista que aterriza intermitentemente en el mundo del chaval y se esfuma, sin apenas dejar huella, hasta el fin de semana siguiente. "No hay derecho", se desahoga Pedro. "En todos los divorcios conflictivos, sin mutuo acuerdo, siempre dan a la madre la custodia de los hijos", dice.
Ahora, una propuesta de ley del Partido Aragonés (PAR) para generalizar la custodia compartida en las rupturas de pareja contenciosas ha levantado la moral de numerosos padres que claman por estar con sus hijos tanto tiempo como sus progenitoras.
Sin embargo, la proposición, que apenas ha iniciado su tramitación parlamentaria, no se impondrá fácilmente en un país en el que las madres copan casi el cien por cien de las custodias en los divorcios contenciosos.
"Todavía no he concedido ninguna custodia compartida en los casos en los que hay controversia", afirma Luis Badía, uno de los tres jueces de familia existentes en Zaragoza. "Y me consta que, estos últimos años, solo se ha otorgado una, pero era una situación excepcional, con un hijo de 17 años al que le pareció bien la solución", añade el magistrado.
EL MÁS COMPETENTE Badía explica que, en las separaciones, el Código Civil ampara ante todo los derechos del menor y obliga a que la guardia y custodia se otorgue al más competente de los excónyuges que, "con mucha frecuencia, suele ser la madre". El juez de familia reconoce, no obstante, que este sistema "no es perfecto" y comprende que haya muchos padres que se sientan perjudicados al ser apartados de la crianza del menor, "aunque mantengan la patria potestad".
La custodia compartida requiere que se cumplan cuatro requisitos. En primer lugar, debe reinar una buena armonía entre las parejas divorciadas, una condición que reúne más del 50% de los hogares rotos. Después, los excónyuges deben vivir cerca uno de otro, para no alterar en exceso la vida del pequeño. Además, es necesario un informe favorable del equipo psicosocial que asesora a los juzgados de familia, y, finalmente, el fiscal debe estar de acuerdo en que se conceda. "Con todo", advierte Badía, "se dan casos de custodias compartidas que fracasan y es necesario modificarlas".
Con este panorama, la propuesta del PAR, que realza la igualdad de los progenitores, puede acarrear unos cambios revolucionarios en los modos de vida. Pero los jueces temen las consecuencias de la Ley de Igualdad en las Relaciones Familiares, como se denomina oficialmente. "Si se aprobara, puede desbordar los juzgados, pues todos se lanzarían de golpe a pedir la custodia compartida", señala Badía.
Y los juzgados de familia ya trabajan al límite de sus posibilidades, por lo que, "si la ley no va acompañada de un aumento de los medios humanos y materiales, puede acabar en un fracaso", según el juez Badía. De hecho, la provincia de Zaragoza solo cuenta con una trabajadora social "y serían necesarias muchas más para controlar que se respetan los derechos de los niños de las parejas separadas".
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