Las denuncias falsas y el mal uso que hacen algunas mujeres de los recursos que articula la ley integral de violencia de género son fallas en la norma legal puestas de relieve por voces críticas como la del juez de familia, Francisco Serrano; lo cual le ha valido un aluvión de reproches por parte de colectivos feministas e incluso de la presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica del Consejo General del Poder Judicial. El propio Serrano ya ha afirmado en diferentes foros que no existe ningún estudio sobre este tipo de denuncias fraudulentas y su verdadera incidencia en el sistema judicial. Trasladada esta pregunta a la Fiscalía de Cádiz, desde el Ministerio Público confirman que en el último año no se ha iniciado ningún procedimiento en contra de alguna falsa víctima.
Ahora bien, las mismas fuentes aclararon que eso no significa que no haya mujeres que mientan en sus denuncias. Lo que sí ha constatado el Ministerio Público es que muchas optan por no declarar contra su supuesto agresor en el juicio, complicando así la labor de las acusaciones que se quedan sin una baza esencial para pleitear. Esta posibilidad «sí que facilita que pueda haber denuncias falsas porque la mujer no se enfrenta a su relato ante el tribunal». Ahora bien en ese grupo de denunciantes que no se atreven a dar el último paso, también se incluyen aquellas que no lo hacen por miedo.
Atendiendo al análisis frío de la estadística del juzgado de violencia, se observa un número importante de órdenes de protección rechazadas por la juez por no ver indicios de peligro para acordar una medida, distinta al alejamiento, que le facilita a la víctima el acceso a ayudas públicas. De 79 órdenes solicitadas, 34 fueron desestimadas.
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