Le replicó Inmaculada Montalbán vocal del Consejo General del Poder judicial (CGPJ) y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, órgano dependiente del CGPJ: Carecen de rigor las declaraciones del juez sobre denuncias falsas en casos de violencia machista y "resulta especialmente inadmisible cuando es precisamente un juez quien hace estas afirmaciones", declaraciones carentes de rigor, sensibilidad y conocimiento de este problema social y que en nada ayudan en la erradicación de la violencia de género, "sin perjuicio de las posibles responsabilidades que pudieran derivarse".
Al juez Serrano le apoyaron sus compañeras de los juzgados de familia de Sevilla y varias asociaciones de padres separados, y el CGPJ dijo que fue una declaración personal de la vocal Montalbán y quitó de la Webb oficial dicho comunicado. El Observatorio contra la Violencia de Género acordó respaldar en su integridad el comunicado de su Presidenta ya que "no hace sino trasladar a la sociedad el reconocimiento institucional hacia el enorme esfuerzo y dedicación que los jueces españoles, en su conjunto, realizan en la erradicación de una lacra social, como la violencia de género". Y las principales asociaciones de defensa de las mujeres solicitaron al presidente del CGPJ la apertura de un expediente disciplinario por causa muy grave por sus declaraciones, y varias asociaciones "ultra feministas" piden que sea expulsado de la carrera por su "parcialidad" en su ejercicio profesional y estudian si presentan una denuncia contra el magistrado por prevaricación, y que se investiguen si "los presupuestos básicos de su ideología personal" le permiten ponderar con racionalidad la temática social de la violencia de género de que se ocupan los juzgados como el que dirige. Para Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, "todas esas ideas son repetición de lo que dicen los grupos de maltratadores y se convierte en altavoz de los que agreden". Por su parte Covadonga Naredo, de la Federación Progresista de Mujeres, dijo: El juez está ejerciendo un maltrato institucional y psicológico, que emplea "para hacer daño a las mujeres, como hace cualquier maltratador", que utiliza el teléfono o a los niños para seguir insultando y maltratando, "es como si una persona que defiende las acciones de ETA, juzgara a personas de ETA". Por último, el juez Serrano ha interpuesto una denuncia por injurias y amenazas de carácter leve contra la vocal Inmaculada Montalbán, y prepara una querella por delitos de calumnias e injurias contra varias organizaciones de mujeres por decir que actúa como "altavoz" de los maltratadores.
¿Qué decir de todo ello? El juez Serrano se equivocó al confundir denuncias falsas con denuncias no probadas, que no es lo mismo; la vocal Montalbán cometió el grave error al hablar de posibles responsabilidades, pues pertenece al CGPJ que es órgano de gobierno de los jueces que lleva el régimen disciplinario, y puede entenderse como acto de presión e interferencia en la libertad de expresión del juez; y por último, las actuaciones y declaraciones de algunas asociaciones de mujeres son impresentables en un Estado de derecho y perjudican mucho al movimiento feminista.
En el fondo late el grave problema denunciado por jueces y abogados de la necesidad de reformar la Ley Integral contra la Violencia de Género, pues en el aspecto penal es muy imperfecta, y en algún sentido -por su injusticia- puede fomentar más que prevenir la violencia doméstica. Sería preciso modificar la citada ley en el sentido de suprimir la discriminación penal, de que una coacción o amenaza leve es delito para el hombre y falta para la mujer. Es cierto que ha sido declarada constitucional, pero que sea constitucional no supone que sea justa. El mismo Tribunal Constitucional reconoce que puede ser un disparate castigar como delito cuando lo hace una mujer contra otra en una pareja de lesbianas, pero no sería inconstitucional. Pues eso, un disparate no inconstitucional. Muchos jueces y algunas Audiencias provinciales sólo aplican la mayor penalidad en el supuesto de dominio del hombre, desprecio de sexo o abuso de superioridad física o mental, y cuando no existen esas circunstancias no lo agravan. Esta ley aplica el llamado "delito de autor" propio de la Edad Media. El homicidio de un plebeyo era castigado con mayor pena que el de un noble, pues los plebeyos cometían más crímenes por ser más agresivos y por tanto más peligrosos que los nobles.
Debe regir el principio de presunción de inocencia y de carga de la prueba de quien acusa. En un desdichado comunicado de la ex vocal Monserrat Comas dirigido a los jueces de instrucción y penal indicaba que estos principios deberían aplicarse con cierta flexibilidad y darle más crédito a la declaración de la mujer al cometerse estos delitos en la soledad del hogar. Olvida que esto ya lo tiene solucionado la jurisprudencia, que tiene valor de prueba la sola declaración si la víctima aparece imparcial, pero no si actúa con motivos espurios, como interés o venganza.
Y por último no se debe imponer automáticamente la pena de alejamiento, sino que el juez debe ponderar los casos, y no aplicarla, cuando es agresión única no habitual, o ha sido leve. Incluso el citado Observatorio está de acuerdo con esta reforma.
El gravísimo problema de la violencia doméstica no debe enturbiar los principios básicos del derecho penal y procesal y de libertad de expresión, conquistados a través de siglos desde la Ilustración. Antes diez criminales libres que un inocente en prisión. Los jueces no están para erradicar la violencia como dice equivocadamente el citado Observatorio, hay jueces y magistrados de Audiencia que creyéndose esto tienen a gala condenar a muchos maridos denunciados. Los jueces están para juzgar y ejecutar lo juzgado actuando como árbitros imparciales, para intentar erradicar los delitos existen otros poderes públicos.
http://www.diarioinformacion.com/opinion/2010/01/03/ley-violencia-generobr/966183.html
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