Argumentos a favor y en contra de las pensiones de viudedad coinciden de la necesidad de una reforma del sistema de pensiones
Madrid, 18 nov (10). AmecoPress. Las mujeres cobramos de media un 20% menos que los hombres. Acumulamos trabajos temporales, reducciones de jornadas y parones en nuestras carreras profesionales renunciando a nuestro trabajo para dedicarnos al cuidado de hijos e hijas y de personas dependientes, casi siempre familiares de edad avanzada.
Todas esas labores, a falta de unos servicios sociales integrales, nos costarán un esfuerzo no remunerado, no reconocido, invisibilizado, que al final de nuestra vida activa sólo conducirá a una pensión de menor cuantía que la de aquellos hombres por cuya falta de corresponsabilidad nos hemos sacrificado. Ahora, las pensiones de viudedad, una ayuda inespecífica pero muchas veces necesaria, están en peligro de extinción.
En el informe ‘Equidad y Eficiencia del Sistema Español de Pensiones: Una Revisión Crítica’, dos investigadoras del Instituto de Estudios Fiscales, Diana Alonso San Alberto y María Pazos Morán, advierten de las consecuencias de un sistema de pensiones obsoleto, creado para una época ya desaparecida, orientado a proteger pero que ahora, con el nuevo modelo de familias, penaliza.
El actual sistema de pensiones de viudedad, a pesar de haber nacido para proteger a unas mujeres atadas al hogar, dependientes de sus maridos y sin posibilidad de generar ingresos por su cuenta por el imperativo social que se les echaba encima, se ha convertido ahora en un refuerzo más de los efectos discriminadores, aunque implícitos, del sistema social sobre las mujeres.
La reforma de las pensiones anunciada por el Ejecutivo apunta a la posibilidad de que se regulen las de viudedad y que se supriman en los casos de cortas convivencias o de matrimonios sin descendencia. En esos casos se suplirían de considerarse situaciones de desamparo de las viudas (o viudos) con pensiones no contributivas (PNC). Para ello habría que estudiar la posibilidad de aumento de su cuantía económica hasta el mínimo de las contributivas.
Una historia de logros
Maite Bilbao, presidenta de la Federación de Mujeres Viudas del País Vasco (FE.VI), lamenta que los estudios existentes del INE o del EUROSTAT, además de tratar de forma general todos los tipos de prestaciones en su conjunto, no ofrecen datos concretos sobre las mujeres viudas. “Nos incluyen con los hombres viudos, cuando la situación es muy diferente. Ellos cobran su jubilación”.
Con la reforma de las pensiones en la boca del Ejecutivo, Bilbao considera que “la pensión de viudedad, que es un reconocimiento, puede pasar a desaparecer para sustituirse por una pensión no contributiva, que no es más que una limosna, una prestación social” por desamparo.
Esta activista considera que su posible desaparición sería un fracaso del sistema y una nueva forma de discriminación contra las mujeres. “Es un error que no se reconozca a la mujer que se queda en casa y al marido que sale fuera a trabajar como unidad familiar con los mismos derechos, la cotización tiene que revertir en la unidad familiar”.
La pertinencia de estas asociaciones de mujeres viudas, explica, nace precisamente de “la inquietud de un grupo de viudas en poder organizarnos para trabajar por la desprotección y la falta de interés de las Administraciones Públicas y la ciudadanía” ante esta circunstancia.
Esta desprotección se basa “en la desigualdad ante los hombres”. La mujer viuda cobra un 52% (hasta hace poco, un 48%) de la base de regulación. Además, durante años se han producido diferencias por ser viudas, como el rechazo a la concesión de la prestación del SOVI (Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, un pensión que reconoce a mujeres que trabajaron al menos 1.800 días antes de 1967) al contar con una pensión de viudedad. “Ellas habían dejado de trabajar para casarse. ¿Por qué no tenían derecho a recibirla? En un matrimonio mayor, en la que el hombre puede cobrar una pensión alta, la mujer tenía derecho al SOVI, pero si se queda viuda, caso en el que recibe una pensión mucho más baja, ya no”.
Esto cambió en 2005, donde se reconoció el derecho de simultaneidad de la pensión de viudedad y el SOVI, aunque hasta un máximo entre ambas de 800 euros. En 2010 ese máximo ha ascendido a los 1.126 euros.
Otra forma de discriminación la destaca Bilbao en el IRPF de la declaración a hacienda, para cuyo cálculo, si una persona viuda cobra una pensión, ha de declararla como otro pagador. Esto conduce a que personas en activo con sueldos inferiores a los 22.000 euros (mínimo con el que te obliga la ley) se vean obligadas a declarar y a abonar importantes cantidades a hacienda, cosa que no ocurre, por ejemplo, con las pensiones compensatorias o de manutención en el caso de mujeres separadas.
Ante la baja cuantía de las pensiones de viudedad, muchas mujeres que se casaron con veinte años, al quedarse viudas a los cuarenta han tenido que volver al mercado laboral, con todo lo que eso supone para una persona sin estudios, sin experiencia y, ahora más, en tiempos de crisis. “Están relegadas a los trabajos precarios, a la economía sumergida”.
“Entiendo que se exija (la declaración), pero sólo si la suma del salario y la pensión superan esa cantidad”. Si no, remarca Bilbao, las viudas que se han visto obligadas a regresar al mercado laboral están en claro detrimento.
Sin corresponsabilidad no hay libertad
Para María Pazos, investigadora del Instituto de Estudios Fiscales, “la pensión de viudedad tiene un impacto de género negativo. No por ello consideramos que se deba dejar a la viuda sin ningún ingreso, sino que se debe avanzar en un sistema en el que mujeres y hombres tengan las mismas posibilidades de trabajo y de cotización”.
“Todas las personas deben ser sustentadoras-cuidadoras en igualdad”, mantiene. Que se ocupen tanto de las tareas del hogar como del trabajo fuera de casa. “Así, las personas no necesitarían una pensión de viudedad”.
La situación por el momento dista de este universo ideal. “Las mujeres viven en la precariedad, sin ingresos propios o con ingresos reducidos y dependientes económicamente” de sus maridos. La pensión de viudedad viene a compensar en parte esa brecha, pero sólo en parte, porque “la cuantía es mucho menor que la media de la pensión contributiva”.
Esta pensión, obsoleta al pertenecer a unas circunstancias ya casi anacrónicas, nació con el espíritu de proteger a las mujeres, pero fracasa también cuando, a pesar de dedicar su vida al cuidado de familiares, no lo hacen dentro del matrimonio. “¿Por qué una mujer de 70 años sin ingresos, si ha estado cuidando a su madre, tienen una pensión (PNC) de 328 euros, y una mujer que ha estado cuidando de su marido, una de 600 euros? Se les está penalizando. La idea de ‘vida digna’ no es igual para casadas que para no casadas”.
Incentivos a la precariedad
Las pensiones de viudedad tienen además efectos negativos como la influencia en el comportamiento de las personas, según Pazos. “Empuja a las mujeres a la dependencia económica, y eso provoca la economía sumergida. Las familias se planifican, y como están cubiertas por la pensión de viudedad, cuando ella trabaja, hasta pide que no le den de alta en la seguridad social, porque así pagan menos a hacienda”.
Las pensiones de viudedad son “una pieza del engranaje”, que por sí misma no generaría grandes riesgos, pero mueve todo el sistema de contribuciones. “El sistema incentiva que las mujeres casadas no coticen, y que se haga la tributación conjunta con un solo sueldo, con grandes beneficios fiscales que se pierden si ella tienen ingresos. Otro impulso a la economía informal”.
“La discriminación no es explícita. En el papel las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos. Pero se deriva del modelo social”, advierte esta investigadora. Los incentivos a la maternidad ahora existentes o al cuidado de las personas dependientes “como la paguita” de la Ley de Dependencia conducen a una situación precaria donde la mujer, una vez más, cotiza como mucho los 15 años mínimos para generar una pensión contributiva y acaba dependiendo de una pensión de viudedad, también mínima.
Sin embargo, faltan políticas sociales que favorezcan la vida laboral de las mujeres en igualdad, como guarderías de cero a tres años y servicios sociales de asistencia y cuidado, que además generarían grandes bolsas de empleo.
Por otro lado, las pensiones de viudedad, que se ofrecen indistintamente de que la persona viuda esté o no en activo, “genera un gasto enorme” a las arcas del Estado, mientras que quienes necesitan verdaderamente la asistencia del sistema por haberse quedado fuera de la contribución y no estar casada “viven en la pobreza absoluta con las pensiones no contributivas”.
Educadas para los cuidados
Según Pazos, las mujeres, a pesar del cambio de mentalidades, no tomamos conciencia de lo que significa la renuncia a nuestra carrera profesional para nuestro futuro. “Seguimos pensando antes en el bien de la familiar que en nosotras mismas. Nos educan a pensar en los demás, mientras que a los hombres les educan a pensar en ellos mismos”. “El sector público debería de lanzarles el mensaje de que tienen que subsistir por sí mismas”.
¿Qué ha ocurrido entonces tras la incorporación de las mujeres al trabajo? “Que lo hemos hecho desde la precariedad y con todas las facilidades del sistema para abandonar el mercado para dedicarnos a los cuidados”.
Hacia un sistema de mutuo reconocimiento
Para Rosa María Gil López, abogada y miembro de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, las modificaciones en el sistema de pensiones son algo esperado y adecuado, según como se haga. “Antes de hablar de crisis ya se hablaba de la reforma de las pensiones, algo pendiente desde los Pactos de Toledo pero con lo que nadie se ha atrevido”.
“La idea de la reforma es que para todas aquellas mujeres, y hombres, que tengan ingresos no exista posibilidad de acceso a una pensión de viudedad”, explica, y advierte que en su opinión esto “es injusto, porque las mujeres sufren de la precariedad laboral, de menores salarios, de temporalidad…”. La medida de la injusticia se advierte haciendo números. “Nosotras cotizamos muchísimo menos. La pensión de viudedad es puramente contributiva. Al perderla, las mujeres se verán retribuidas con unas pensiones mucho menores que los hombres, como ya ocurre”.
Gil menciona que una forma de solucionarlo sería que, “vigente el matrimonio, las cotizaciones se apliquen por igual a ambos cónyuges, pero que sean gananciales” para que el hombre se haga cargo de abonar la parte proporcional de su esposa. De esta circunstancia, aunque probablemente poco popular, se conseguiría que las mujeres dentro del matrimonio, o fuera de este si se rompe, tuvieran al final de su vida una jubilación igual al hombre por el que tuvieron que sacrificar su tiempo y su carrera.
La idea, según Pazos, sería reducir la pensión de viudedad paulatinamente hasta su desaparición y sustitución por pensiones contributivas equivalentes para mujeres y hombres, mediante la eliminación de incentivos al abandono del mercado laboral por parte las mujeres y el desarrollo de políticas públicas de promoción de la corresponsabilidad, como permisos de maternidad y de paternidad iguales e independientes.
Asimismo, partiría de la necesaria subida de la cuantía estimada para las PNC hasta el nivel de la base de las PC. Para garantizar la corresponsabilidad y la conciliación se debería trabajar con horarios racionales y flexibles tanto para mujeres como para hombres, pero no echar manos de las jornadas reducidas.
http://www.amecopress.net/spip.php?article5364
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