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miércoles, 18 de mayo de 2011

Dos de cada tres mujeres creen que hay “falsas denuncias de violencia de género para obtener ventajas en procesos de divorcio”

El 64,4% de mujeres y el 75,6% de hombres lo consideran así, según un estudio de la ‘Asociación de Abuelos separados de sus nietos’. El sistema y la propia Administración “estimulan” este fenómeno porque hay “ayudas que se conceden por el hecho de denunciar”
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Miércoles, 18 de Mayo, 2011
La custodia de los hijos es atribuida por los tribunales a la madre en exclusiva en el 90% de los casos
Datos oficiales facilitados en octubre de 2009 por el Observatorio Estatal sobre Violencia de Género, en el informe elaborado por el ‘Grupo de expertos y expertas del Consejo del Poder Judicial’ para dicho órgano, afirmaban, en referencia a las denuncias presentadas por maltrato, que “la proporción hallada de falsas denuncias fue sólo del 0,19%”.
Sin embargo, esta información del Observatorio, dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, contrasta con otro informe, el de la ‘Encuesta sobre Custodia Compartida’ realizado por el Instituto DYM por encargo de la Asociación de Abuelos separados de sus nietos, que concluye que el 70% de los españoles opina que existen falsas denuncias de maltrato. 
En referencia a la aplicación de “la polémica legislación de violencia de género”, siete de cada diez españoles creen que “algunas mujeres ponen falsas denuncias de violencia de género para obtener ventajas en sus procesos de divorcio”.
Así lo consideran también dos de cada tres mujeres, ya que el estudio muestra que son de esta opinión el 64,4% de las mujeres, frente al 75,6% de los hombres, que también están convencidos de que existen falsas denuncias.
Esta asociación recuerda que el informe encargado por el ministerio, “reiteradamente invocado con posterioridad, sobre el análisis de las sentencias de todas las audiencias provinciales durante 15 meses […] se realizó sobre una muestra ínfima y con sentencias tomadas de forma interesada y no aleatoria”.
Por su parte, el estudio de la Asociación de Abuelos separados de sus nietos se basa en 2.000 encuestas, entre hombres y mujeres de entre 16 a 75 años, de todas las Comunidades Autónomas. “La amplitud de la muestra, comparable a los barómetros mensuales del CIS, le confiere un nivel de confianza del 95.5% y un margen de error inferior al 2,2 %”, señala esta entidad en su web.

La custodia, “compartida”

El estudio revela al mismo tiempo que “el 80% de la población es partidario de la custodia compartida entre el padre y la madre en los casos de divorcio con hijos menores”. Este porcentaje “se eleva al 86% en el área metropolitana de Madrid y al 89% en Vascongadas”. 
“Esta situación contrasta con la realidad actual de la legislación vigente. Tras la ley de ‘divorcio-express’ de 2005, las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial revelan que la custodia de los hijos es atribuida por los tribunales a la madre en exclusiva en torno al 90% de los casos, al padre entre el 2 y el 3%, y que sólo en caso de acuerdo entre los dos progenitores se otorga con carácter compartido o alterno entre ellos, en menos del 7% de los divorcios”, añade el texto.
En cuanto a la vivienda de la pareja divorciada, “un 40% es partidario de la venta inmediata y reparto del precio entre los dos, mientras que el 56% considera que, habiendo hijos, debe conservarse mientras éstos no sean independientes”

“Reforma de la legislación de divorcio”

En otro apartado referente a la legislación vigente, el estudio señala que la opinión de la sociedad es mayoritariamente negativa. “Un 63% cree conveniente la reforma de la legislación de divorcio, y casi idéntico porcentaje opina que el hombre está discriminado respecto a la mujer por la legislación de familia promulgada por los últimos gobiernos socialistas. Sólo el 10% es partidario de que la ley siga como está”.
Al mismo tiempo, “en la mayoría de las Comunidades autónomas el porcentaje de los que consideran que la vigente ley es discriminatoria contra el hombre se encuentra en torno al 66% de media, mientras en Cataluña baja al 52%”.
“El dato sorprende, pues aunque Cataluña tiene promulgado su propio Código de Familia con variantes respecto de la legislación nacional, las estadísticas de los tribunales catalanes arrojan datos no muy distintos a los del resto de España en cuanto a atribuciones de custodias de hijos a mujeres y obligaciones de pago de pensiones a hombres”, concluye el informe en este apartado.

Denuncias falsas “estimuladas”

Un dato no menos relevante del estudio es el que se refiere al hecho de que “la legislación vigente estimula la presentación de denuncias, pues gran parte de las ayudas económicas se conceden en función del número de las denuncias, no de que se demuestre que sean ciertas, ni de las protecciones efectivamente otorgadas y menos aún de que las denuncias terminen en condena al agresor en sentencia firme”.
De hecho, “el sistema estimula las denuncias falsas porque muchas ayudas se conceden por el hecho de denunciar, no de que se condene al maltratador”, advierte.
En ese sentido, también las Administraciones tienen una gran responsabilidad, ya que, por ejemplo, “el Ministerio de Igualdad firma anualmente convenios de colaboración con las Comunidades autónomas para la financiación de programas de ayudas a la mujer maltratada. La mayor parte de los fondos provienen del Estado, pero se conceden en función de las estadísticas de denuncias formuladas”, destaca.
Así, “las denuncias falsas están estimuladas por la propaganda oficial y por la complicidad con ellas de los medios de comunicación”.
También existen “privilegios sociales a favor de las mujeres que denuncian ser maltratadas”, así como “privilegios legales en los divorcios de las mujeres que denuncian ser maltratadas […] La simple denuncia determina la detención automática del hombre, supuesto maltratador, por la Policía”, recuerda el informe.
“Resultado: la mujer que denuncia en falso habrá asegurado quedarse con los niños y consiguientemente, con el derecho a usar la casa y a cobrar la pensión alimenticia”, entre otras ventajas.
Ante este sin sentido, la Asociación de Abuelos separados de sus nietos cuestiona la actuación de jueces, fiscales, abogados y Cuerpos de Seguridad del Estado.

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