Braojos ha acusado a las instancias judiciales de "insensibilidad" hacia su situación y manifestado en un comunicado que extremará "al máximo" la huelga de hambre el próximo 9 de enero, al limitarse al beber agua, sin azúcar.
El hombre protesta porque, después de 19 años sin ver a su madre biológica que, según dice, le maltrataba de niño, la Audiencia Provincial de Palma, en segunda instancia, ha fallado a favor de ella, a quien José Antonio y su hermana han de abonar 400 euros al mes a partir de ahora.
En febrero de 2008, su madre, de 66 años y residente en Mallorca, les denunció a él y a su hermana para percibir una pensión por alimentación que supondrá para sus hijos un desembolso con carácter retroactivo de casi 10.000 euros, 8.000 de los cuales tendrá que abonar José Antonio por ser el que tiene mayor capacidad económica.
Braojos reclama la paralización cautelar del embargo judicial que afecta a sus bienes y que su madre biológica se acoja a la pensión no contributiva del Estado y que renuncie a las que el tribunal ha designado a él y a su hermana, así como al pago retroactivo de las mismas.
Según Braojos, la diferencia entre la pensión fijada por los jueces y la no contributiva "es sólo de 8 euros".
Braojos ha afirmado que no cejará en su empeño. "Prefiero la muerte a la indignidad de vivir pagando una pensión a la persona que desgració tres vidas: la de mi padre, la de mi hermana y la mía propia", ha afirmado.
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