Domingo 01 de mayo de 2011
SANDRA LLINARES La entrada en vigor en la Comunidad Valenciana el próximo 5 de mayo de la Ley de Relaciones Familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven, conocida como la ley de custodia compartida, amenaza con colapsar los juzgados de familia de la provincia de Alicante ante la avalancha de demandas que se esperan tanto para su solicitud como para la revisión de las medidas impuestas por un juez en decenas de separaciones y divorcios.
La falta de psicólogos pone en jaque el buen funcionamiento de los juzgados de Familia, especialmente, a partir de esa fecha. Los jueces y secretarios judiciales de estos órganos han exigido a la Conselleria de Justicia más personal para los gabinetes psicosociales, encargados de la emisión de informes que se hacen necesarios para los jueces a la hora de dictar sentencia. Los magistrados prevén que el nuevo texto provoque un aumento de la litigiosidad -como ha ocurrido en otras comunidades autónomas donde ya se ha implantado la ley- y, con ello, la necesidad de adaptar la plantilla de psicólogos.
En el partido judicial de Alicante, que abarca las localidades de Sant Joan d'Alacant y El Campello además de la capital, la necesidad es "imperiosa", según indican desde los juzgados de Primera Instancia del Palacio de Justicia de Benalúa. Justicia prescindió hace unos meses de una de las dos psicólogas adscritas a los juzgados de Familia alicantinos y que también atiende a los dos juzgados de Violencia sobre la Mujer. Las titulares de los juzgados de Familia de Alicante y Elche ya han mantenido reuniones para reclamar más medios y van a volver a librar oficios a la Conselleria de Justicia para exigir más personal en el gabinete psicosocial.
El retraso en la emisión de informes periciales, explican las fuentes judiciales consultadas, creará un embudo. Actualmente, las citas de los padres y menores con la psicóloga se están señalando para finales de año, lo que supone una demora importante. Si a eso se le añade un aumento de demandas para pedir la custodia compartida, "nos enfrentamos a un embudo que no sabemos como vamos a desatascar", inciden desde los juzgados de Primera Instancia.
Psicólogo "privado"
Ante esta situación los juzgados de Familia están instando en muchos casos a las parejas a pagarse un psicólogo de su bolsillo que emita el informe pericial para agilizar los procesos. El juzgado se compromete, eso sí, a buscar uno para que el profesional sea "objetivo" pero con cargo a los cónyuges, según explicaron fuentes judiciales. Las citadas fuentes consultadas aseguran que hay numerosos despachos de abogados que tienen ya sobre la mesa preparadas decenas de revisiones de separaciones, algo que también aseguran letrados preguntados por este diario. Pero aunque se prevea un aumento de las demandas de petición de custodia compartida y revisión de medidas, otra cosa será que los jueces la concedan.
Los magistrados deberán evaluar, tal y como contempla el texto, cuestiones como la edad del menor, la cercanía de los domicilios de ambos cónyuges, la opinión de los mayores de 12 años o el arraigo social así como la disponibilidad económica de cada uno de los progenitores, que debe ser holgada ya que en muchas ocasiones supondrá una duplicidad de necesidades y material del menor. Otro de los elementos determinantes para que el juez conceda la custodia compartida es el citado informe pericial que debe elaborar el gabinete psicosocial, ya que prevalece "el mayor interés de cada menor y la incidencia en su desarrollo psicológico y social".
La nueva ley permitirá a los jueces poder adoptar un régimen de custodia compartida como regla general o con la solicitud de uno de los cónyuges, sin que ya sea obstáculo la oposición de uno de ellos. Pretende, genéricamente, que el contacto de los hijos se produzca a partes iguales con el padre y con la madre "como cauce del crecimiento del vínculo afectivo familiar" para un mejor desarrollo emocional del menor, según el texto.
Preocupación en la asociación de mujeres juristas Themis
El debate sobre la custodia compartida, que desembocó en la creación de asociaciones y plataformas en internet para exigir su implantación, cuenta también con numerosos detractores. La abogada perteneciente a la Asociación de Mujeres Juristas Themis de Alicante, Lidia García, indicó ayer que desde la entidad a la que pertenece hay una "profunda preocupación" ya que la nueva ley "puede llegar a pejudicar al menor, que es precisamente el bien jurídico a proteger" al "permitirle una mayor inestabilidad". Añade que la ley se ha presentado como pionera y moderna, "pero supone una regresión" ya que elimina el necesario acuerdo entre las partes. "A ello se añade que posibilita que haya hombres, que no digo todos, que la pidan para dejar de pagar la vivienda sin que luego se ocupen debidamente de sus hijos, es decir, que busquen su interés", añadió.
http://www.diarioinformacion.com/portada-alicante/2011/05/01/alicante-psicologa-evaluar-custodias-compartidas/1121953.html
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