Promueven en el Senado dos iniciativas para garantizar que los menores reciban un nombre y que el Estado asuma los gastos de un juicio de paternidad y exámenes de ADN
Martes, 9 de Noviembre, 2010
México.- Diez por ciento de los niños que nacen en México no tienen padre, además de que existen en el país 4.5 millones de madres solteras, la mayoría en condiciones de pobreza. Por lo anterior, la falta de identidad de los menores representa un problema grave que debe atenderse para garantizarles derechos absolutos.
Se trata de millones de niños que sufren una paternidad “mocha” o a medias, de menores cuyos padres se niegan a reconocerlos como propios y que por desconocerse los procedimientos legales para adquirir derechos, no lo hacen, además de que éstos son muy caros o complejos.
El senador panista Ricardo Torres Origen dio a conocer más datos: una de cada cinco mujeres de las generaciones jóvenes —menores de 30 años— tiene su primer embarazo siendo soltera.
A su vez, por lo menos la mitad de las mujeres en edad reproductiva en el país educan solas a sus hijos; once por ciento por divorcio, 17 por ciento por viudez, 12 por ciento por abandono del hombre, y el 60 por ciento restante porque su embarazo no fue asumido por el hombre.
Por todo lo anterior, Torres Origen promovió en el Senado dos iniciativas de reformas una al artículo cuarto de la Constitución y otra al artículo 22 de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para garantizar la identidad de los menores.
El tema, explicó el secretario de la Comisión del Federalismo del Senado, es quién se ocupa de las madres solteras y de los niños cuyos padres se niegan a reconocerlos.
Las reformas buscan hacer que el gobierno asuma sus obligaciones, porque en los juicios de tipo civil para el reconocimiento de la identidad del hijo con el padre, el Estado no otorga la asesoría que debe de dar y los juicios y las pruebas de ADN son muy caros.
A este respecto, expuso que la Secretaría de Salud y los misterios públicos disponen de todos los implementos para detectar el ADN, por lo que “pensamos aquí que lo único que se necesita es juntar el hambre con las ganas de comer”, es decir, que en un juicio civil de identidad o de paternidad, particularmente sea el Estado quien corra con los gastos o con la responsabilidad de hacer estas pruebas a fin de que los niños puedan tener acceso a la pensión alimenticia, a la identidad, por supuesto, pero sobre todo a la herencia patrimonial que es un elemento muy importante.
Comentó que el artículo cuarto de la Constitución establece para los niños y niñas, ascendientes, tutores, custodios y el mismo Estado, numerosos derechos y obligaciones: alimentación, salud, educación, sano esparcimiento, preservación de estos derechos y propiciar lo necesario para que se cumplan.
El artículo 22 de la Ley para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, por su parte, establece el derecho a la identidad de los menores, el cual comprende el hecho de que cada uno tenga un nombre y los apellidos de los padres, una nacionalidad, un grupo social y el conocer su filiación y origen.
Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación se pronunció en el sentido de salvaguardar el derecho de los menores a conocer su identidad, el cual no sólo radica en la posibilidad de que conozcan (los niños) su origen biológico, sino en que de ese conocimiento deriva el derecho del menor de que sus ascendientes satisfagan sus necesidades para su desarrollo integral, todo lo cual en los hechos no ocurre.
De ahí la importancia de la iniciativa de reformas a la Constitución y a la ley, para hacer accesible a las madres y los menores el derecho a la identidad y a promover los juicios y acciones necesarias para lograrlo, apuntó el senador panista.
http://www.milenio.com/node/572433
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