El Tribunal de Cuentas ha detectado "deficiencias" en los procedimientos de adjudicación y contratación del Instituto de la Mujer, tanto "incumplimientos" de la legislación en la materia como "omisiones" de información, retrasos en los pagos e "incidencias" varias, al fiscalizar una muestra de 31 convenios de colaboración por importe de 4,9 millones de euros suscritos en los ejercicios 2008 y 2009.
El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, señala sobre la ejecución y justificación de convenios con comunidades autónomas, que aunque los textos determinaban que surtirían efecto a partir de su firma, "algunos incluyeron actuaciones programadas para su realización por la respectiva comunidad autónoma que en realidad, ya habían sido íntegra o parcialmente ejecutadas".
Es el caso de acuerdos firmados con Galicia, Madrid, Cataluña y Andalucía, pero también de un ayuntamiento con el que se suscribió un convenio de 12.000 euros para organizar un certamen de teatro que ya se había celebrado. A la vista de esta "deficiencia" y a diferencia de los acuerdos con comunidades autónomas, el Instituto inició el procedimiento para recuperar el dinero, "lo que evidencia una falta de coherencia en su actuación, que resulta contraria al principio de igualdad", según el informe.
Sobre reintegros, el Tribunal explica que son varias las entidades que deben dinero al Instituto por no haber justificado convenientemente el presupuesto recibido. Es el caso de la Universidad de Valencia (debe 344,28 euros), el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid (45.300 euros), la Universidad de Castilla-La Mancha (2.230 euros) y de CEPAIM, ONG que debe reintegrar 15.420 euros.
En general, el Tribunal destaca "diversas deficiencias referidas a trámites" en los convenios de colaboración, como que en la mitad de los convenios analizados no consten actas de reuniones de la pertinente comisión de seguimiento o que "en la mayoría" de los convenios, el Instituto haya pagado "con retraso" (una media de 58 días en 2008 y de 62 días en 2009) la aportación económica que le correspondía.
Además, señala que se ha "constatado una excesiva demora" (131 días de media en 2008 y 91 días en 2009) en la publicación de los acuerdos en el BOE, así como "una omisión generalizada" de la comunicación al Senado de los acuerdos suscritos, trámite que impone la ley.
EL CASO DE LOS MICROCREDITOS
El Tribunal llama la atención sobre un convenio en particular, firmado con ocho organizaciones de mujeres en 2008, que recibieron 581.280 euros para asesorar a mujeres emprendedoras y evaluar sus planes de empresa a fin de que pudieran acceder a uno de los microcréditos que, también por convenio con el Instituto de la Mujer, concederían las cajas de ahorros.
Sin embargo, las cajas "únicamente concedieron microcréditos a 24 de las 209 emprendedoras cuyos Planes de Empresa habían sido evaluados positivamente por las organizaciones de mujeres firmantes del convenio", de modo que el importe abonado por el Instituto de la Mujer "fue muy superior al importe total máximo" de los préstamos que finalmente se dieron: 360.000 euros, conforme apunta el Tribunal.
"Habría resultado más adecuada la aplicación en estos casos la normativa reguladora de las ayudas y subvenciones públicas (...) actuando en definitiva de acuerdo con los principios de publicidad y concurrencia previstos para las subvenciones en dichas normas legales y aplicando sus procedimientos y controles", explica el informe.
Otro de los acuerdos que destaca el Tribunal de Cuentas es el firmado con la Coalición de Entidades para el Acompañamiento Integral de los Migrantes (CEPAIM) por importe de 61.924 euros (40,4% de la aportación económica total del Instituto de la Mujer), para la realización de un estudio sobre la situación laboral de las mujeres migrantes.
El informe afirma que finalmente, el estudio de CEPAIM se refirió a este asunto "sólo en parte", ya que se centró en otro tema (metodología en el acompañamiento a migrantes) sobre el que además, la organización ya había realizado un informe previo también con fondos del Instituto de la Mujer y de otras entidades.
En cuanto a los pliegos de cláusulas administrativas de los contratos, el Tribunal apunta varias "deficiencias", aunque en gran medida solventadas, como la "falta de auténticas prescripciones técnicas que rigieran la realización de la prestación y que definieran sus calidades así como, en definitiva, que permitieran controlar la adecuada ejecución del contrato y comprobar la inversión mediante contraste con la prestación efectivamente realizada".
"GRAN NUMERO DE CONTRATOS MENORES"
Por otra parte, en cuanto a la contratación menor, el Tribunal destaca "el gran número" de contratos de este tipo que se firmaron, el 81,9 por ciento del total, y pone el acento en "casos en los que pudo existir fraccionamiento del objeto de los contratos, con lo que objetivamente, evitó cumplir los requisitos de publicidad y concurrencia o los relativos al procedimiento de adjudicación, en contra de lo previsto en la Ley".
En este sentido, indica cinco casos como "supuestos con riesgo" de haber incurrido en esta práctica, entre ellos, la adjudicación "a un mismo abogado y en la misma fecha, de dos contratos por importe de 30.000 euros, con objeto idéntico de preparar el desarrollo reglamentario de la Ley de Igualdad".
Asimismo, reseña la adjudicación "a una misma Fundación privada, de siete contratos durante los ejercicios 2008 y 2009, dos de los cuales, valorados en 32.000 euros, "tuvieron por objeto, respectivamente, realizar una guía metodológica para elaborar el informe de impacto de género en los Presupuestos Generales del Estado y efectuar el análisis y clasificación de los programas presupuestarios incluidos en ellos atendiendo a su pertinencia desde el punto de vista de género".
Otro caso es el de cinco contratos a la misma empresa por importe total de 50.756 euros para prestar servicios administrativos y apoyo en la concesión de subvenciones. La administradora única de esta empresa, resultó a su vez adjudicataria por procedimiento negociado, de otro contrato más en el mismo año por importe de 24.784 euros también relacionado con tramitación y control de subvenciones, según explica el informe.
Por todo ello, el Tribunal de Cuentas recomienda al Instituto de la Mujer que "adopte las medidas necesarias tendentes a conseguir que su actividad, tanto convencional como contractual, se desarrolle con el más estricto respeto a la legalidad y a los principios de libertad en el acceso a licitaciones, publicidad y transparencia en los procedimientos".
http://www.periodistadigital.com/politica/sucesos/2011/07/20/el-tribunal-de-cuentas-detecta-deficiencias-en-los-contratos-publicos-del-instituto-de-la-mujer.shtml
Es el caso de acuerdos firmados con Galicia, Madrid, Cataluña y Andalucía, pero también de un ayuntamiento con el que se suscribió un convenio de 12.000 euros para organizar un certamen de teatro que ya se había celebrado. A la vista de esta "deficiencia" y a diferencia de los acuerdos con comunidades autónomas, el Instituto inició el procedimiento para recuperar el dinero, "lo que evidencia una falta de coherencia en su actuación, que resulta contraria al principio de igualdad", según el informe.
Sobre reintegros, el Tribunal explica que son varias las entidades que deben dinero al Instituto por no haber justificado convenientemente el presupuesto recibido. Es el caso de la Universidad de Valencia (debe 344,28 euros), el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid (45.300 euros), la Universidad de Castilla-La Mancha (2.230 euros) y de CEPAIM, ONG que debe reintegrar 15.420 euros.
En general, el Tribunal destaca "diversas deficiencias referidas a trámites" en los convenios de colaboración, como que en la mitad de los convenios analizados no consten actas de reuniones de la pertinente comisión de seguimiento o que "en la mayoría" de los convenios, el Instituto haya pagado "con retraso" (una media de 58 días en 2008 y de 62 días en 2009) la aportación económica que le correspondía.
Además, señala que se ha "constatado una excesiva demora" (131 días de media en 2008 y 91 días en 2009) en la publicación de los acuerdos en el BOE, así como "una omisión generalizada" de la comunicación al Senado de los acuerdos suscritos, trámite que impone la ley.
EL CASO DE LOS MICROCREDITOS
El Tribunal llama la atención sobre un convenio en particular, firmado con ocho organizaciones de mujeres en 2008, que recibieron 581.280 euros para asesorar a mujeres emprendedoras y evaluar sus planes de empresa a fin de que pudieran acceder a uno de los microcréditos que, también por convenio con el Instituto de la Mujer, concederían las cajas de ahorros.
Sin embargo, las cajas "únicamente concedieron microcréditos a 24 de las 209 emprendedoras cuyos Planes de Empresa habían sido evaluados positivamente por las organizaciones de mujeres firmantes del convenio", de modo que el importe abonado por el Instituto de la Mujer "fue muy superior al importe total máximo" de los préstamos que finalmente se dieron: 360.000 euros, conforme apunta el Tribunal.
"Habría resultado más adecuada la aplicación en estos casos la normativa reguladora de las ayudas y subvenciones públicas (...) actuando en definitiva de acuerdo con los principios de publicidad y concurrencia previstos para las subvenciones en dichas normas legales y aplicando sus procedimientos y controles", explica el informe.
Otro de los acuerdos que destaca el Tribunal de Cuentas es el firmado con la Coalición de Entidades para el Acompañamiento Integral de los Migrantes (CEPAIM) por importe de 61.924 euros (40,4% de la aportación económica total del Instituto de la Mujer), para la realización de un estudio sobre la situación laboral de las mujeres migrantes.
El informe afirma que finalmente, el estudio de CEPAIM se refirió a este asunto "sólo en parte", ya que se centró en otro tema (metodología en el acompañamiento a migrantes) sobre el que además, la organización ya había realizado un informe previo también con fondos del Instituto de la Mujer y de otras entidades.
En cuanto a los pliegos de cláusulas administrativas de los contratos, el Tribunal apunta varias "deficiencias", aunque en gran medida solventadas, como la "falta de auténticas prescripciones técnicas que rigieran la realización de la prestación y que definieran sus calidades así como, en definitiva, que permitieran controlar la adecuada ejecución del contrato y comprobar la inversión mediante contraste con la prestación efectivamente realizada".
"GRAN NUMERO DE CONTRATOS MENORES"
Por otra parte, en cuanto a la contratación menor, el Tribunal destaca "el gran número" de contratos de este tipo que se firmaron, el 81,9 por ciento del total, y pone el acento en "casos en los que pudo existir fraccionamiento del objeto de los contratos, con lo que objetivamente, evitó cumplir los requisitos de publicidad y concurrencia o los relativos al procedimiento de adjudicación, en contra de lo previsto en la Ley".
En este sentido, indica cinco casos como "supuestos con riesgo" de haber incurrido en esta práctica, entre ellos, la adjudicación "a un mismo abogado y en la misma fecha, de dos contratos por importe de 30.000 euros, con objeto idéntico de preparar el desarrollo reglamentario de la Ley de Igualdad".
Asimismo, reseña la adjudicación "a una misma Fundación privada, de siete contratos durante los ejercicios 2008 y 2009, dos de los cuales, valorados en 32.000 euros, "tuvieron por objeto, respectivamente, realizar una guía metodológica para elaborar el informe de impacto de género en los Presupuestos Generales del Estado y efectuar el análisis y clasificación de los programas presupuestarios incluidos en ellos atendiendo a su pertinencia desde el punto de vista de género".
Otro caso es el de cinco contratos a la misma empresa por importe total de 50.756 euros para prestar servicios administrativos y apoyo en la concesión de subvenciones. La administradora única de esta empresa, resultó a su vez adjudicataria por procedimiento negociado, de otro contrato más en el mismo año por importe de 24.784 euros también relacionado con tramitación y control de subvenciones, según explica el informe.
Por todo ello, el Tribunal de Cuentas recomienda al Instituto de la Mujer que "adopte las medidas necesarias tendentes a conseguir que su actividad, tanto convencional como contractual, se desarrolle con el más estricto respeto a la legalidad y a los principios de libertad en el acceso a licitaciones, publicidad y transparencia en los procedimientos".
http://www.periodistadigital.com/politica/sucesos/2011/07/20/el-tribunal-de-cuentas-detecta-deficiencias-en-los-contratos-publicos-del-instituto-de-la-mujer.shtml
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