Así lo afirmó hoy en rueda de prensa la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Caridad Hernández, quien participó en una jornada dedicada a la presentación de este texto ante autoridades científicas y judiciales de las Comunidades Autónomas junto a representantes de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, la Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Según Hernández, con este nuevo instrumento “se mejorará la protección a las víctimas”, pues el juez dispondrá de un informe “muy exhaustivo” de evaluación del riesgo, elaborado por un forense a partir de datos de la mujer, el agresor, otros testigos y documentación médica y judicial, en un plazo máximo de 72 horas.
Este informe será complementario a la diligencia policial de evaluación del riesgo que las autoridades policiales ya realizaban una vez que la mujer presentaba su denuncia.
Sin embargo, en esta diligencia sólo se tenían en cuenta datos de la víctima, mientras que el protocolo presentado hoy es mucho más amplio.
Desde Justicia explicaron que “es verdad que ya se utilizaban informes de forenses, pero tenía que pedirlos el juez sobre aspectos muy concretos que necesitase conocer”.
Ahora, y siempre que se solicite en sede judicial, los forenses dispondrán de unas recomendaciones muy útiles y completas para emitir una opinión evaluativa, que hasta ahora no era lo habitual, explicaron.
En su intervención, la presidenta del Observatorio para Violencia de Género y Doméstica del CGPJ, Inmaculada Montalbán, destacó la utilidad de “este instrumento para ayudar a los jueces respecto de un factor tan maleable y escurridizo como es el riesgo”.
Gracias a él dispondrán de más datos a la hora de decidir medidas cautelares, como son las órdenes de protección, el régimen de visitas, la concesión de dispositivos GPS de seguimientos (los llamados brazaletes), etc., subrayó.
“Ayudará mucho a los jueces a la hora de tomar su decisión”, apuntó Montalbán, “sabiendo como sabemos que el peligro al 100% nunca podremos conjurarlo”, precisó.
CÓMO FUNCIONA
Según explicó Hernández, el protocolo constará de cinco apartados: fuentes de información, “juicio clínico estructurado”, pruebas complementarias, valoración del equipo forense e informe final.
En el primero se realizarán entrevistas exploratorias del agresor y la víctima y se recavarán testimonios y datos médicos del presunto maltratador.
El segundo apartado se refiere a “la recogida sistemática de datos” relacionados directamente con el riesgo de nuevos sucesos de violencia de género, como consumo de drogas y alcohol por parte del agresor, otros antecedentes violentos, estado laboral y sentimental de la pareja y circunstancias que puedan agravar la vulnerabilidad de las víctimas, como situaciones de discapacidad.
En el tercer apartado se tendrán en cuenta pruebas pertenecientes a otras especialidades que no son la medicina forense, como escalas estadísticas de riesgo, y en el cuarto el médico completará su informe de evaluación que después tendrán en cuenta las autoridades judiciales.
Finalmente, la 5ª sección se refiere al juicio del forense, que deberá pronunciarse sobre “si el riesgo es leve, moderado o grave”.
Al acto asistieron representantes de los institutos forenses de varias Comunidades Autónomas, que según Hernández “ya han demostrado un gran interés en aplicar este instrumento”.
Con las recomendaciones de los expertos allí reunidos Justicia pretende tener un texto definitivo para dentro de dos o tres semanas, que entrará en vigor en las comunidades donde tiene competencias el ministerio.
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/juez/violencia-genero-los-forenses-podran-evaluar-el-riesgo-que-corren-las-victimas-para-asesorar-al-juez_3ANV38uRn3fJbSOpqdLwO2/
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