El Gobierno reconoce su polémica interna sobre la ley de violencia sexista

Miércoles, 18 de Enero, 2012

La portavoz del Gobierno, Idoia Mendia, durante su rueda de prensa de ayer

Interior elude ahondar en las discrepancias abiertas por su anteproyecto
La elaboración del anteproyecto de ley contra la violencia machista ha abierto una pugna interna en el Gobierno para ver quién se ocupará finalmente de las competencias en esta materia, si Interior, que ha elaborado el texto, o Emakunde, responsable de las políticas de igualdad. El Ejecutivo, a través de su portavoz, Idoia Mendia, reconoció ayer la existencia de "discrepancias" en su seno en torno al anteproyecto, como adelantó ayer EL PAÍS. No obstante, la también consejera de Justicia se esforzó en restar importancia a las mismas y las enmarcó dentro del proceso natural de elaboración de una ley que "enriquece" el texto final.
Interior apenas quiso pronunciarse sobre la cuestión. "No vamos a alimentar la polémica", recalcaron fuentes oficiales del departamento, que se centraron en destacar que el borrador del anteproyecto aludido tiene ya más de tres meses de antigüedad. Dicho texto es el mismo que ayer seguía colgado en la web oficial del departamento (www.interior.ejgv.euskadi.net) bajo el epígrafe "novedades", fechado el 5 de octubre pasado.
Las citadas fuentes no concretaron si desde entonces se han limado las serias diferencias surgidas entre los técnicos de Igualdad del propio Ejecutivo y Emakunde, de un lado, y la Dirección de Atención a las Víctimas de Violencia de Género, dependiente de Interior, cuyas competencias refuerza el anteproyecto.
"Hasta donde sé, el texto está en borrador y en proceso de elaboración", explicó la portavoz en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo. "Los informes ponen de manifiesto acuerdos y discrepancias sobre las distintas partes implicadas; a veces son del propio Gobierno y otras, de otras instituciones. Lo que se hace en todo el periodo de elaboración de una ley es tratar de llegar a acuerdos y limar esas diferencias para producir un proyecto de ley que sea pacífico", resaltó. "Por lo tanto, estamos en una fase prematura. Es habitual que los informes sean contradictorios entre sí; es lo que enriquece una norma", agregó.
Mendia no entró en el contenido concreto de las alegaciones planteadas al texto por los técnicos de Igualdad del propio Ejecutivo y una docena de asociaciones feministas.
Las fuentes de Interior consultadas recalcaron que el departamento sigue trabajando -tanto la Dirección de Atención que encabeza Mariola Serrano como sus servicios jurídicos- para contrastar el texto con las demás partes implicadas. Añadieron que su intención es cumplir con lo marcado en el calendario legislativo, que precisa que el proyecto estará terminado en el primer trimestre de este año. "Cuando esté hecho se hará público; hasta entonces, no tenemos nada más que decir", insistieron.
Fuentes oficiales de Emakunde eludieron también la polémica y se remitieron a las declaraciones ya hechas a este diario por su directora, María Silvestre: "Estamos en pleno proceso de trabajo y acercamiento de posturas".
Los técnicos de Igualdad y las asociaciones feministas cuestionan la necesidad de una nueva normativa, al entender que la Ley de Igualdad de 2005 ya supone un "paraguas jurídico" suficiente para actuar frente al maltrato. Una decena de comunidades disponen de leyes específicas contra la violencia sexista.

2.400 millones para servicios sanitarios

El Gobierno destinará este año 2.417 millones de euros al contrato-programa suscrito con las organizaciones que proveen los servicios sanitarios de Osakidetza. La cifra supone un incremento del 1,5% con respecto al pasado año. La subida, según recalcó el Ejecutivo tras su reunión semanal, "permitirá aumentar la actividad y mejorar la calidad, seguridad y accesibilidad en la relación de los pacientes con el sistema sanitario".
Sanidad quiere profundizar en su apuesta por "el sector público y por el desarrollo de la prevención y promoción de los servicios asistenciales, con especial atención a los pacientes con patologías crónicas". El Ejecutivo tiene previsto también revisar los actuales contratos-programa sobre atención primaria y hospitales para avanzar a "modelos integrados de contratación con objetivos comunes a medio y largo plazo".
El Consejo de Gobierno también autorizó ayer un gasto 565,8 millones de euros correspondiente en su inmensa mayoría a los conciertos suscritos con los tres Colegios de Farmacéuticos para las prestaciones a través de receta médica. Casi un millón de euros será dedicado para tratamientos con opiáceos para personas dependientes, lo que supone un gasto de 57,8 euros por paciente cada mes -casi 600.000 euros van a Bizkaia, cerca de 374.000 a Gipuzkoa, mientras que en Álava el desembolso apenas llega a los 15.000 euros-.
La partida para la prestación a través de receta médica se reparte de la siguiente manera: 324,2 millones son para el convenio con el Colegio de Farmacéuticos de Bizkaia; 173,8 millones para el de Gipuzkoa y otros 66,8 recaen en su homólogo alavés.

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