En un comunicado conjunto nueve de las principales asociaciones de mujeres, como la Federación de Mujeres Progresistas, la Fundación Mujeres, o la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, entre otras, subrayan que en materia de familia hay una "grave crisis" por la "interpretación distorsionada" de la ley contra la violencia machista.
En concreto, se refieren a la sentencia del TSJA hecha pública hoy en la que se condena al juez Serrano a dos años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación "culposa" al modificar el régimen de visitas de un menor para asistir a una procesión, aunque ha pedido al Gobierno que le conceda indulto parcial y reduzca la pena a seis meses.
Asimismo, el tribunal cree que el magistrado actuó "de forma imprudente" al omitir varios trámites procesales, aunque le absuelve de la prevaricación "dolosa" por la que fue procesado al considerar que no buscó lesionar ningún derecho "a sabiendas".
Las asociaciones de mujeres afirman que, durante el juicio, se acreditaron "múltiples indicios" de un delito de prevaricación en la conducta del juez Serrano "y que con arreglo a la jurisprudencia son suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia".
Entre estos indicios cita que es "pública y notoria" la parcialidad del juez en su propósito de desacreditar la ley contra la violencia de género.
En este sentido, las asociaciones explican que Serrano "no tiene reparo en compatibilizar y hacer ostensibles su actividad judicial con su militancia en asociaciones que niegan la realidad de la violencia de género" y defienden la teoría de que las mujeres presentan denuncias falsas de malos tratos.
Consideran que la actuación de la Fiscalía en el caso, que en un principio pidió diez años de inhabilitación para el juez por prevaricación dolosa y, posteriormente, pidió la libre absolución del magistrado no es "racionalmente comprensible".
Las asociaciones insisten en que tampoco "hay forma razonable" de asociar el concepto de "urgente necesidad" con la asistencia de un niño a la procesión nocturna "por mucha que sea la ilusión del niño de haber sido tal caso, que no lo fue".
Señalan que Serrano dio instrucciones al abuelo del menor para que presentase un escrito al Decanato y "seguidamente se preocupó de telefonear él personalmente para advertir al Decanato de la urgencia con que debiera tramitarse el susodicho escrito".
Critican también que el juez no tomara declaración a la madre del menor "ni diera cuenta al juzgado competente que acordó las medidas tuitivas vigentes sobre el menor, o al fiscal de este juzgado".
Por todo ello, las asociaciones de mujeres estiman que una vez más "un miembro de la judicatura (...) causa daño irreparable a las mujeres y a sus hijos" y "desvirtúan" en sus sentencias la ley contra la violencia de género.
"Llegadas a este punto", dice el comunicado, las asociaciones firmantes se proponen considerar las acciones "de todo orden que pudieran emprender para corregir la perniciosa deriva judicial" que denuncian.
"Entre tanto, lo oportuno sería proponer que el delito de prevaricación se declare formalmente inaplicable a los jueces en el ejercicio de sus cargos; sería un remedio eficaz para deshacer el engaño de comprobar cada día cómo la justicia jamás se llega a aplicar contra quienes por razón de sus funciones dicen compartirla", concluye el comunicado.
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