El informe recoge que los contactos con el padre pueden beneficiar a la menor, que vive con sus abuelos desde que su madre está presa
08.10.11 - A. RALLO | VALENCIA
Peter Innes, durante una de las sesiones del juicio en EE UU.
La disputa entre la familia de María José Carrascosa, presa en EE UU, y el exmarido de la abogada valenciana por la custodia de la hija de ambos sigue su curso en el juzgado de Instrucción número 8 de Valencia. Bienestar Social ha remitido un informe al órgano en el que propone «un régimen progresivo de visitas con la menor». Una decisión que, según fuentes consultadas por LAS PROVINCIAS, no ha sentado nada bien a la familia de la abogada.
No obstante, esta resolución administrativa sólo es una parte más del procedimiento que sigue el juzgado. El titular está a la espera de que Carrascosa se pronuncie acerca del acogimiento de los abuelos de la pequeña. En este sentido, ya se enviaron al menos dos comisiones rogatorias a EE UU para que la valenciana se pronunciara al respecto. Todavía no se ha recibido la contestación. Una vez con esta información, el juez decidirá si autoriza o no el régimen de visitas o solicita más pruebas antes de adoptar una medida. Los plazos no están cerrados.
El enfrentamiento entre Peter Innes y Carrascosa y su familia se ha eternizado sin que los múltiples intentos de mediación hayan llegado a buen puerto. Nadie parece querer ceder en la disputa.
En marzo de 2010, cuando la menor ya estaba bajo la tutela de la Generalitat y residía con sus abuelos en acogimiento, Innes preguntó a la Conselleria qué había hecho la Administración para que la niña recuperara los vínculos con su padre. Posteriormente, el abogado del estadounidense presentó un escrito en el que denunciaba el «daño irreparable» causado a la menor al mantenerla de «manera artificial» y «sin justificación legal alguna» sin contacto con su padre.
La Conselleria entendió que con estas reclamaciones, Innes estaba solicitando un régimen de visitas. Tras analizar la documentación que consta sobre la menor, extraída de informes periciales y psicológicos desde el año 2008 a 2010, Bienestar Social concluye que los contactos con la menor pueden beneficiarla siempre «que sean progresivos, se realicen en lugares donde la menor esté protegida y que reciba el apoyo de profesionales».
El caso Carrascosa se acerca ya a los cinco años de polémica. La valenciana fue detenida tras regresar a EE UU y negarse a entregar a su hija a las autoridades. Su exmarido la había denunciado por sacar a la menor del país sin su permiso, requisito imprescindible según un acuerdo privado entre las partes. De hecho, el despacho de abogados indemnizó a Innes con unos 500.000 euros por entregar el pasaporte de la menor a Carrascosa.
Tras la detención llegó el juicio, en el que fue condenada a 14 años de prisión. La posibilidad de un acuerdo, que permitiera el traslado a España de Carrascosa, ha estado presente durante muchas fases del proceso. Pero la abogada valenciana siempre se ha mostrado reacia a un pacto extrajudicial y ha insistido una y otra vez en seguir el cauce de los tribunales. Todo pese a los consejos y recomendaciones de su familia.
La última negociación se rompió este mismo verano. Diferentes fuentes confirmaron a LAS PROVINCIAS las conversaciones, aunque se negaron a dar detalles de las condiciones. Al final, todo se rompió de nuevo.
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