A. C./D. M. / VALENCIA/ALICANTE
Día 13/10/2011
El jefe del Consell, Alberto Fabra, pretende que la normalización de relaciones entre la Generalitat y el Gobierno sea visible desde el 21 de noviembre —si Mariano Rajoy, como apuntan las encuestas, se convierte en el próximo inquilino de La Moncloa—. Dado que la coyuntura económica obligará a aplazar las reivindicaciones con un mayo coste para las arcas del Estado —como la financiación autonómica—, el primer paso será superar la litigiosidad entre las dos administraciones que ha caracterizado la etapa de Zapatero.
Así, una de las primeras peticiones que cursará Fabra a Rajoy, según las fuentes consultadas, será la de retirar cuatro de los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno central contra normativas o proyectos aprobados por el Consell en los últimos años. Las cuatro iniciativas afectadas por dichos recursos que Fabra tratará de desbloquear son, según las mismas fuentes, la Ley de Custodia Compartida, la caza con «parany», el régimen económico matrimonial y, principalmente, el Plan de Reforma Interior de El Cabanyal.
La retirada de dichos recursos no supondría ningún coste para las arcas estatales, pero en cambio tendría un fuerte impacto político en la Comunidad, según las citadas fuentes. Por un lado, permitiría a Rajoy congraciar el Ejecutivo con una autonomía especialmente castigada por los recursos de inconstitucionalidad durante los dos últimos mandatos socialistas. Y por otro, Fabra vería refrendada por el líder del PP la petición de «lealtad» que lanzó en la pasada convención nacional, al tiempo que afianzaría su liderazgo al frente del Consell y de la presidencia del PPCV.
Consejo de Ministros
Las tres primeras normas recurridas emanaban del Estatuto de Autonomía reformado en 2005, que permitía a las Cortes Valencianas avanzar en la recuperación del derecho foral. La Custodia Compartida fue la última iniciativa aprobada en el Hemiciclo la pasada legislatura, para dar respuesta a una amplia demanda social. En cuanto al plan de El Cabanyal, el Gobierno central lo paralizó primero con un recurso, y luego con una orden ministerial que calificaba la actuación de «expolio».
Los recursos del Gobierno contra leyes autonómicas se presentan a través de la Abogacía del Estado, tras un acuerdo del Consejo de Ministros, que puede acordar desistir del litigio.
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