La jueza María Poza en una imagen de hace unos años
JOSÉ LUIS MAZÓN Como para conocer las cosas es menester, como le decía Don Quijote a Sancho, verlas de cerca y hasta tocarlas, no conforme del todo con lo que se ha publicado de la sentencia del juez Del Olmo y su Sala sobre el empleo de la palabra ´zorra´, he buscado la sentencia del caso y acabo de leerla. Pues bien, lo que yo hallo en el texto de la sentencia es que el juez ponente decide rebajar la condena por delito de amenazas por los artículos de la violencia de género castigado con prisión de un año a la que se mandaba al denunciado Florentino, sustituyéndola por una condena, no por delito, sino por falta de amenazas con pena mucho más llevadera de localización y prohibicion de proximidad con la ex esposa, la denunciante.Para ello el juez ponente, artífice intelectual de una sentencia firmada por otros dos magistrados, tiene que entrar a examinar el significado que el acusado da a la palabra ´zorra´ en una conversación sostenida, no con la exesposa, sino con uno de los hijos comunes y a través del teléfono. El juez considera que no le llamó zorra como equivalente de mujer de gustos sexuales libres de ataduras sociales, sino como sinónimo de persona que ha de llevar cautela con sus actos, al modo que se diría a un macho «qué zorro que eres».
Estas aclaraciones no han interesado mucho a la prensa en general porque eso de que un juez dice en una sentencia que llamar zorra a la ex no es insulto es un producto que en el mercado de los medios se vende con gran facilidad y genera un buen espectáculo que, de no estar justificado, constituye un acto de linchamiento contra el juez o tribunal si las críticas que se lanzan no está bien fundadas.
Sucede que tras esta rebaja de la condena por delito que implicaba ingreso carcelario (el condenado ya tenía antecedentes y, por tanto, la pena de prisión se transformaría en condena efectiva de privación de libertad en centro penitenciario) por otra de menor severidad, me parece que existe un acto de justicia equitativa por parte del tribunal, pues es una desproporción mandar a una persona a la cárcel incluso en el supuesto caso en que hubiera llamado a su ex ´zorra´ en el sentido clásico de la palabra.
El juez Del Olmo no ha tenido la proteccion que se supone que sus superiores, como el Presidente del TSJ o el Consejo General del Poder Judicial, le deberían de haber brindado explicando exactamente lo que dice la sentencia, que no es lo que dice la prensa sobre el contenido de la sentencia. En estos casos los altos cargos judiciales piensan más en su sillón que en la funcion y obligación del cargo, puesto que se vuelve incómoda y áspera de cumplir.
En mis batallas ya muy numerosas, he visto muchos ataques al Poder Judicial; los más graves proceden del propio Poder Ejecutivo, cuyos tentáculos mafiosos y manipuladores se infiltran donde pueden para acomodar las sentencias a sus intereses, ya gobierne PP o PSOE. He visto ataques internos al propio poder judicial provinientes de altas esferas judiciales que han intentado manipular el Derecho o los hechos para sacar un resultado favorable a alguna alta autoridad o personaje poderoso. Pero esta vez he visto un ataque al poder judicial proviniente de la difusion distorsionada del contenido de una sentencia que no está explicada en los medios como todo buen periodista tiene que explicar las cosas, con honestidad, sin trampas ni omisiones que desfiguren los hechos.
La legislacion de violencia de género, estrenada por Zapatero en 2004, buscando, como él solía hacer las cosas, realzar su imagen y votos, y no tanto el interés general, es un despropósito que ha causado ya más víctimas que beneficiados. Una fuente de denuncias falsas que suceden con mucha más frecuencia de lo que la gente se piensa. Un negocio de subvenciones públicas a ONGs y Comunidades Autónomas que chupan ingentes recursos públicos por esta rúbirca a base de estimular las denuncias, ya que el dinero se recibe en función del número de denuncias que se presenten. Una legislacion discriminatoria que deja sin protección debida a otros colectivos más indefensos que las mujeres, los ancianos y los niños, a los que insultar o maltratar no es un delito privilegiado en su persecución.
En fin, que esta legislación que varios jueces, entre ellos una juez murciana, pusieron en solfa o cuestión ante el Tribunal Constitucional, sin éxito, es una especie de quiste del Estado de Derecho, de trastocamiento de sus reglas para alimentar intereses de grupos feministas que han impulsado en España una especie de Arabia Saudita del feminismo con sus imanes integristas en versión femenina.
Dicho es otras palabras, esta legislación especial controvertida y el sistema montado alrededor de ella es una auténtica ´zorrería´ tal y como define esta palabra el Diccionario de la Lengua: «Astucia o ardid de quien busca su utilidad en lo que hace y va a lograr mañosamente su intento».
http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2011/10/06/zorreria-abusos-leyes-violencia-genero/355211.html
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