LA OPINIÓN La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Granada, Aurora Fernández, ha archivado la investigación abierta a una juez de la capital por un presunto delito de denuncia falsa. La magistrada había denunciado unos episodios de acoso por un extraño y una amenaza telefónica en la que un anónimo aseguraba que la iba a matar. Cuando la Policía Nacional investigó lo sucedido comprobó que las supuestas amenazas habían sido realizadas mediante una llamada realizada desde el teléfono móvil de la propia magistrada, que es titular de uno de los juzgados de Primera Instancia de la capital.
El caso está archivado porque en la instrucción realizada por el juzgado de Aurora Fernández no se han encontrado indicios de delito contra la magistrada desde cuyo móvil salió la supuesta amenaza de muerte contra ella misma, según confirmaron fuentes judiciales. El auto da carpetazo a un asunto que en las últimas semanas ha generado un notable revuelo en el ámbito judicial granadino.
La magistrada pasó de ser denunciante a estar investigada. Hace unos dos meses acudió a la Policía Nacional porque aseguraba que se sentía víctima del acoso de un perturbado que llegó a molestarla en su domicilio particular. Los agentes investigaron lo sucedido pero no pudieron acreditar nada. Durante el tiempo en que duraron las pesquisas, la mujer presentó una nueva denuncia por una amenaza de muerte recibida en el teléfono de su juzgado, con sede en Plaza Nueva. La investigación policial acreditó que la llamada se realizó desde el móvil de la magistrada, tal y como consta en un informe policial elaborado por el Grupo de Homicidios de Granada.
Los supuestos episodio de acoso denunciados por esta magistrada –ninguno ha sido confirmado– han sido investigados por dos juzgados distintos. El primero se remonta a la época estival. La magistrada denunció que había escuchado golpes en las puerta de su domicilio particular y que al asomarse a la mirilla observó a un individuo frente a su puerta. El sospechoso, según la denuncia, llamaba la atención con sus arremetidas y llegó a poner un ´post-it´ en la mirilla para evitar que fuese identificado.
La magistrada mostró a la Policía su inquietud por lo sucedido. Los agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se hicieron cargo de la investigación. Interrogaron a posibles testigos y montaron un servicio de vigilancia con efectivos de paisano en las inmediaciones de su domicilio. El despliegue policial estuvo en funcionamiento durante un mes sin resultado alguno, tal y como consta en el informe remitido por los agentes al Juzgado de Instrucción 4 que se encargó de investigar la denuncia original. Durante esa fase se produjo la polémica llamada al juzgado de la denunciante.
El interlocutor dijo al funcionario que descolgó el auricular que sabía quién era la juez y que la iba a matar. Esta nueva amenaza fue incorporada a las diligencias y el juez de instrucción ordenó a la Policía Nacional que investigara el origen de la misma para tratar de localizar al autor. La sorpresa fue mayúscula para los agentes encargados del caso. Tras las gestiones pertinentes comprobaron que el número desde el que se produjo la llamada al juzgado se correspondía con el teléfono móvil de la propia magistrada.
El dato causó gran estupor entre los investigadores, según han reconocido fuentes cercanas al caso. Los policías incluyeron todos los detalles de las pesquisas en un informe que enviaron al juzgado de instrucción. En el relato de hechos pusieron de manifiesto que a la certeza de no haber encontrado ninguna prueba de las amenazas que la magistrada dijo haber recibido en su domicilio se le unía ahora la revelación de que la última amenaza provenía del teléfono móvil de la propia denunciante.
El juez analizó la primera parte de la denuncia de esta mujer, relacionada con los episodios de supuesto acoso que aseguraba haber sufrido en su domicilio. El informe de Homicidios y la ausencia de otras pruebas llevaron al juez a decretar el archivo de la causa, de conformidad con el Ministerio Fiscal. La magistrada, en definitiva, denunciaba una cosa que no se había podido probar pese al gran esfuerzo de la Policía Nacional por descubrir al supuesto acosador. Pero esas mismas diligencias incluían las conclusiones de la investigación realizada por el Grupo de Homicidios sobre la amenaza telefónica que se realizó desde el móvil de la denunciante.
Según han confirmado distintas fuentes, el juez de instrucción pidió al fiscal que le informara sobre el asunto. El Ministerio Público contestó recordándole que era obligación del juzgado poner en conocimiento del Decanato la posible comisión de un nuevo delito, según se deducía del informe policial. El juez de Instrucción 4 así lo hizo. Antonio Moreno dedujo testimonio por "denuncia falsa" y lo envió al Decanato de los juzgados para que entrase en reparto en otro juzgado –al ser un hecho distinto al investigado– y se analizase.
El Juzgado de Instrucción 3 se encargó del proceso por denuncia falsa contra la magistrada granadina y decidió, en un auto reciente, su archivo al no encontrar indicios de delito contra ella. El fiscal dio su visto bueno, a pesar de que en la fase anterior recordó al juez de Instrucción 4 que debía perseguir el presunto delito.
http://www.laopiniondegranada.es/granada/2009/10/20/granada-juez-recibe-amenazas-muerte-propio-movil/159813.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario