El consejero de Presidencia, Francisco Grandos (centro), con las pulseras. - m. jara
"Irresponsabilidad y ausencia de control". Tanto IU como PSOE criticaron ayer la gestión realizada por la Comunidad de Madrid de su sistema de control telemático a agresores (más conocido como pulsera antimaltrato), tras el anuncio del Gobierno de Esperanza Aguirre de la suspensión de este servicio.
El jueves, el Ejecutivo regional confirmó en la Asamblea de Madrid que ponía fin al uso de los 186 dispositivos para combatir la violencia de género, después de tres años de funcionamiento.
La responsable socialista del área de Mujer en la Asamblea de Madrid, Josefa Pardo, denunció ayer la "incompetencia" de la Consejería de Justicia, Presidencia e Interior [responsable de los dispositivos] en la gestión del sistema. "La Comunidad ha estado presumiendo durante todo este tiempo de que era la única región que ofrecía este servicio, y cuando se plantean problemas, lo único que hace es deshacerse de ellos", señaló la diputada socialista.
Acusación de la fiscalía
Pardo hizo así referencia a la denuncia presentada hace un mes por la Fiscalía de Madrid contra cuatro trabajadores de la empresa Ero & Staff adjudicataria del servicio y contra cuatro maltratadores por quebrantar, supuestamente, las órdenes de alejamiento decretadas por los tribunales. Además, según la denuncia, tampoco se comunicaban tales infracciones a los jueces, tal y como marca el protocolo.
La diputada de IU en la Asamblea, Eulalia Vaquero, se preguntaba ayer qué tipo de requisitos contenía el concurso de adjudicación de dichos brazaletes. "No estamos hablando de cualquier servicio, sino de uno muy sensible que se ocupa de proteger a las víctimas de violencia de género y a velar porque se cumpla la ley", argumentó la parlamentaria, quien criticó a la Comunidad su "por falta de control".
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, se limitó a señalar en su comparecencia del jueves que, tras recibir un informe de los servicios jurídicos de su departamento, se decidió acabar con el contrato. No explicó, como tampoco lo hicieron en su consejería, si esta decisión se debió a que en el informe se encontraron las irregularidades a las que se refería la denuncia de la Fiscalía. Granados anunció, además, que el servicio será, a partir de ahora, responsabilidad del Ministerio de Igualdad, departamento que el pasado julio puso a disposición de los jueces de toda España 3.000 brazaletes antimaltrato
http://www.publico.es/espana/263466/oposicion/critica/esperanza/aguirre/gestion/brazaletes/pp
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