ENRIQUE VALDÉS JOGLAR. DECANO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE OVIEDO - ELBA MEANA. DIRECTORA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN CORRIENTES (ARGENTINA) Días atrás, el Colegio de Abogados de Oviedo se ha visto directamente afectado por una polémica, no querida ni buscada, que ha tenido amplio eco en los medios de comunicación y ha propiciado diversos comentarios y pronunciamientos de tono crítico hacia esta institución, provenientes de determinadas asociaciones y organismos públicos.
El motivo de tal polémica radicaba en el tema de una de las numerosas charlas programadas por el Centro de Estudios Jurídicos del Colegio, celebrada el pasado viernes 12 de marzo, que llevaba por título «La discriminación en la ley de Violencia de Género y su incidencia en los procesos de familia». Y vino sobre todo alimentada por la identidad de uno de los ponentes, el magistrado titular del Juzgado de primera instancia número 7 de Sevilla, don Francisco Serrano Castro, conocido por sus públicas y contundentes críticas a tal ley; por sostener el carácter discriminatorio de la misma o por haberse referido frecuentemente a la existencia de un importante número de «denuncias falsas» de pretendidas víctimas de la violencia de género, supuestamente interpuestas para situarse en una posición ventajosa cara a un inminente procedimiento de separación o divorcio.
El día anterior al programado para la charla, la asociación Abogadas para la Igualdad dirigió al Colegio de Abogados, y trasladó a los medios de comunicación, un escrito en el que mostraba su malestar por la celebración de la conferencia, enfatizaba su oposición a la misma y, en definitiva, pretendía la suspensión del acto.
Pocas horas después, la directora del Instituto de la Mujer del Principado de Asturias, doña María Fernández Campomanes, en declaraciones públicas, se sumaba a las críticas, apoyaba la solicitud de suspensión del acto y anunciaba su intención de «pedir explicaciones» al Colegio de Abogados de Oviedo.
A partir de ahí, los medios de comunicación han abundado en el asunto, recabando opiniones de unos y otros, haciendo públicas diversas valoraciones de asociaciones y representantes de partidos políticos acerca del debatido asunto, del juez Serrano y del papel del Colegio de Abogados de Oviedo en esta cuestión.
Al propio tiempo, numerosos letrados trasladaron al Colegio de Abogados su profundo malestar por lo que consideran un rechazable intento de censura y una intolerable injerencia en el seno de la institución colegial, expresando su deseo de que la junta de gobierno y su decano manifestasen, de modo público e inequívoco, su postura al respecto.
Así las cosas, procede en primer término poner de manifiesto que este Colegio, como corporación libre e independiente, no rinde explicaciones por los actos que organiza a ninguna instancia administrativa ni a representantes de organizaciones políticas que se crean con derecho a exigírselas. No obstante, la junta de gobierno sí debe, y quiere, explicarse ante el colectivo de abogados al que representa y ante la sociedad de la que el Colegio forma parte y a la que pretende servir.
Nos consta que las opiniones del juez Serrano acerca de una cuestión tan sensible como la violencia de género son discutibles y discutidas, y que generan encendido rechazo en distintos sectores. El Colegio de Abogados, como institución, ni comparte ni se opone a sus tesis: simplemente, como en tantas otras ocasiones, ha acogido y desarrollado la propuesta de celebrar en su sede una charla, impartida en este caso por dos miembros en activo del Poder Judicial y un abogado en ejercicio, acerca de un asunto que podría ser de interés para sus colegiados y para los ciudadanos en general, al tratarse de un acto abierto al público.
A lo largo de los últimos años, este Colegio ha dado sobradas muestras de que sus dependencias y sus medios han estado, y siguen estando, a disposición de cualquiera que desee organizar charlas, encuentros, mesas redondas, cursos o cualquier otra actividad relacionada con el mundo del derecho o que pueda ser considerada de interés para los colegiados.
Buena muestra de ello es que la propia asociación Abogadas para la Igualdad ha organizado, en colaboración con la Universidad de Oviedo, un curso denominado «Respuestas jurídicas frente a la violencia de género. Especial referencia a la mujer extranjera», que se desarrolla en estos días en la sede de nuestra institución, y en el que se abordan, posiblemente desde otra perspectiva, las mismas cuestiones que lo fueron en la conferencia impartida por el señor Serrano Castro.
Si alguien pretendiera que el Colegio suspendiese o dificultase estas actividades, o cualquier otra, se encontraría siempre y en todo caso con la misma respuesta: una tajante oposición a cualquier intento de censura. O lo que es lo mismo: una inquebrantable voluntad de defender y apoyar la libertad de expresión.
También se ha criticado la supuesta incoherencia del Colegio de Abogados por organizar actos como el debatido, al tiempo que colabora con la Administración en la lucha contra la violencia de género y proporciona a sus letrados formación específica para la defensa de las víctimas.
No hay, sin embargo, incongruencia alguna: lo que el Colegio de Abogados debe hacer, y hace, es impulsar la formación de letrados que, con la más alta calidad y exigencia, puedan atender a cualquier justiciable que lo precise, sin olvidar que, en un Estado de derecho, tanto la víctima como el acusado deben poder contar con asistencia especializada para su defensa, y ello aun cuando la culpabilidad pueda parecer a primera vista indiscutible, y sea cual sea el juicio moral que los hechos nos merezcan en cada caso.
No olvidemos, al hilo de lo anterior, que, sin perjuicio de promover políticas de igualdad y lucha contra el maltrato, la propia Administración del Principado, como no podía ser de otro modo, asume la compensación económica que reciben los letrados que intervienen por turno de oficio. No sólo la correspondiente a los abogados que puedan ejercitar la acusación en casos de violencia de género, sino también la de quienes asumen la defensa de los acusados. Y no hay en ello contradicción alguna, sino la plasmación de exigencias elementales del Estado de derecho.
La obligación del Colegio es que sus abogados, sean de libre designación o retribuidos por el Principado, dispongan de la formación adecuada, al más alto nivel que nuestros medios permitan. Algo que no sólo viene exigido por el derecho individual de cada ciudadano a su defensa, sino que constituye un pilar fundamental del propio sistema de administración de justicia.
Los abogados no disponemos de mejores herramientas que el pensamiento y la palabra, y pocas cosas nos son tan queridas como la posibilidad de expresarnos libremente, porque en esa libertad radica la esencia de nuestro oficio y la posibilidad de servir a quienes nos encomiendan la defensa de sus intereses, al conjunto de la sociedad y a la realización de la justicia.
Los abogados sabemos que las contiendas jurídicas no se ganan silenciando al antagonista, sino escuchándolo con atención y respeto, evidenciando los fallos y contradicciones de su razonamiento, y, en definitiva, acertando a poner sobre la mesa mejores argumentos y más sólidas razones que las del contrario. Perderemos unos lances, y en otros saldremos triunfadores. Pero si permitimos, fomentamos y aplaudimos la mordaza en la boca del contrario, en ese caso habremos perdido la batalla definitiva.
La actual junta finalizará su mandato, y otras la sucederán con nuevas ilusiones y distintos proyectos. Pero nadie dude de que el Colegio seguirá siendo una casa donde los juristas puedan exponer sin trabas su opinión, donde se fomenten el diálogo y el debate, donde la palabra libre encuentre siempre refugio, acogida y sustento. Porque, en definitiva, y pese a quien pese, los dueños de esta casa somos, y seguiremos siendo, abogados, ajenos a compromisos y pleitesías, irremediablemente comprometidos con la libertad.
«La Literatura anticipa la vida, no es copia, nos amolda a sus designios». Oscar Wilde
http://www.lne.es/opinion/2010/03/21/independencia-colegial-relato-relatosbr/889691.html
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