El Supremo chileno niega discriminación a una jueza lesbiana que perdió la custodia de sus hijas

Santiago de Chile, 8 abr (EFE).- El presidente de la Corte Suprema de Chile, Milton Juica, negó hoy que ese tribunal discriminara a una jueza lesbiana a la que se le quitó la custodia de sus hijas por su orientación sexual, tal y como concluyó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"Los tribunales de justicia no hacen discriminación de ninguna especie, (...) se hicieron todas las etapas procesales y una persona perdió y otra ganó", aseveró Juica a los periodistas.
Estas declaraciones llegan después de que el pasado lunes se conociera el informe final de la CIDH, que concluye que "el Estado de Chile violó el derecho de Karen Atala a vivir libre de discriminación".
La Comisión recomendó a Chile "reparar integralmente" a la jueza, además de que adopte "la legislación, políticas públicas, programas y directivas para prohibir y erradicar la discriminación con base en la orientación sexual en todas las esferas del ejercicio del poder público".
El Estado chileno debe ahora contestar indicando cómo va a dar respuesta a esas recomendaciones y posteriormente la CIDH decidirá si la acepta o no.
Preguntado si el Poder Judicial debía hacer algún tipo de "mea culpa" por el caso, Juica dijo: "No tenemos ninguna obligación de hacerlo porque es un tema jurisdiccional".
"Desde el punto de vista jurídico, este proceso está terminado, los jueces, en mi opinión, actuaron de forma independiente", indicó.
Asimismo, el presidente de la Corte Suprema aseguró que no integrará la mesa de trabajo intersectorial que analizará el informe desfavorable de la Comisión,La jueza perdió la tutela de sus tres hijas en mayo de 2004, después de que la Corte Suprema decidiera otorgar su custodia a su ex marido, el abogado Jaime López, que argumentó que al vivir con una madre lesbiana sus hijas podrían sufrir perturbaciones en su sexualidad. como recomendó el organismo internacional.
En noviembre de 2007, la magistrada presentó una denuncia ante la CIDH contra el Estado chileno por considerar que sus derechos fueron vulnerados, y el organismo admitió el caso en agosto de 2008.
El Estado había solicitado que esa petición se declarara inadmisible, argumentando que se dio la custodia al padre porque la madre optó por iniciar una convivencia con una pareja del mismo sexo, lo que se estimó "inconveniente para la formación de las niñas y peligroso para el desarrollo de los menores".
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