DAVINIA DELGADO. CÓRDOBA
-¿Están registrando muchas denuncias falsas por malos tratos?
-A diario nos llegan innumerables casos de falsas denuncias. Lo sorprendente es que todo un Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género sólo haya encontrado uno. En las últimas tres semanas se han publicado en prensa tres casos en Córdoba y otros tres en Jaén.
-¿Qué opina de la Ley Integral contra la Violencia de Género?
-Resulta esperpéntico que un texto así se pueda llamar Ley. Además de no proteger a nadie, ha desenterrado el delito de autor, propio de los estados totalitarios, dilapidando el principio de igualdad constitucional y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También se ha cargado la presunción de inocencia, tanto en su protocolo de aplicación como en su interrelación con la ley de divorcio, impidiendo el derecho-deber de custodia compartida de los hijos a partir de una denuncia. Este es el gran incentivo al fraude. Sacar tajada en el divorcio. Por eso sólo el 8% de los denunciados por maltrato no tiene hijos.
-Hay colectivos que demandan que la ley contemple todas las agresiones a mujeres como malos tratos. ¿Qué opina al respecto?
-Éste ha sido uno de los últimos despropósitos formulados por Inmaculada Montalbán, presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), extender la ley fuera del ámbito sentimental. Por no hablar de otras barbaridades aprobadas recientemente en la Comisión de Igualdad del Parlamento, que además de incentivar más fraude, constituyen una amenaza real para el mantenimiento de nuestro Estado de Derecho, como la eliminación del atenuante por consumo de drogas o alcohol, el impedimento de la argumentación de la alienación parental en procesos de divorcio, o la pérdida de custodia y régimen visitas si existe condena firme. Es la discriminación dentro de la discriminación, porque si se aprueban estas medidas sólo se podrán aplicar cuando es el hombre quien maltrata.
-Fadie ha demandado la elaboración de un estudio sobre denuncias falsas. Pero el Observatorio contra la Violencia ya ha desarrollado varios.
-Los informes del Observatorio deberían ser serios y ajustarse a la realidad. Ha estudiado únicamente sentencias de audiencias provinciales, y la gran mayoría de asuntos que se incoan no llegan hasta éstas, siendo estos casos los más susceptibles de conllevar una utilización fraudulenta de la Administración de Justicia. Por ello deberían realizar un muestreo aleatorio representativo sobre todos los órganos donde se tramitan estos procesos, para que pudiéramos emitir conclusiones que se refieran al total de procedimientos iniciados.
-Un juez de familia sevillano habló hace poco de que las denuncias falsas están provocando que muchos hombres se suiciden. ¿Cree que se trata de una afirmación desmesurada?
-En absoluto. Además, sus afirmaciones encajan con la ocultación de datos relativos a las variables familiares que envuelven a los suicidios, que dejaron de publicarse a partir del año 2006. Lo que sabemos es que el número de suicidios de hombres triplica al de mujeres, y es veinte veces mayor que el número de mujeres asesinadas por sus parejas o ex-parejas.
-Algunos sectores defienden que se producen las mismas denuncias falsas en otros delitos.
-Estos microsectores o lobbies, jugosamente subvencionados por el Ministerio de Igualdad, deberían saber que en la mayoría de las denuncias por otros delitos no se conoce al denunciado, mientras que las denuncias falsas por maltrato sí atentan contra la dignidad de una persona que tiene nombre y apellidos. Por ello, es fundamental que la Fiscalía General del Estado remita instrucciones a todos los órganos judiciales para que en estos casos se incoen diligencias de oficio para deducir falso testimonio. El Ministerio Público debe perseguirlos con contundencia estos casos fraudulentos.
-¿Habría que endurecer las penas para las mujeres que interponen denuncias falsas?
-Si se respetara la presunción de inocencia, todas esas denuncias falsas no prosperarían. Pero el mero testimonio de la mujer es prueba para una condena, por lo que no se pueden detectar los casos falsos. Si se pudieran penalizar, debería aplicarse la misma pena que se trató de incriminar a una persona inocente.
http://www.abc.es/20100420/cordoba-cordoba/fernando-basanta-presidente-federacion-20100420.html
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