Cada año en torno a un millón de parejas inicia los trámites de divorcio en la UE, y el caso es que no siempre está claro qué legislación hay que aplicar. Así ocurre, por ejemplo, cuando los cónyuges proceden de distintos países o cuando, procediendo del mismo, viven en el extranjero o en países diferentes, en cuyo caso las complicaciones pueden ser grandes.
Las llamadas "parejas internacionales" representan el 13% de los divorcios – y también de los matrimonios – en la UE. A lo doloroso y enrevesado que es de por sí disolver una unión se añaden en su caso las diferencias que a menudo existen entre las normativas nacionales. Nada tiene de sorprendente tratándose de 27 países, cada uno con su historia y su cultura propias.
Las nuevas normas – que sólo se introducen en 10 países miembros –permitirán a estos matrimonios elegir la legislación aplicable a su divorcio y así no tener que lidiar con leyes a los que no estén acostumbrados y les resulten difíciles de comprender.
Divorciarse según las leyes de otro país es algo que ya se permite en muchos Estados miembros. El problema se plantea cuando cada uno tiene normas diferentes para determinar la legislación aplicable. Esa incertidumbre aboca muchas veces a trámites largos y costosos, con más sufrimiento tanto para los cónyuges como para sus hijos.
Las nuevas normas también clarificarán qué ordenamiento se aplica en caso de que la pareja no se ponga de acuerdo justamente a este respecto. Se trata de evitar que durante el proceso uno de los dos utilice la legislación nacional para colocar al otro en situación de desventaja.
No es la primera vez que la UE plantea propuestas de este tipo: ya lo hizo en 2006, pero no contó con el apoyo unánime de todos los gobiernos. Ahora 10 países miembros podrán introducirlas en la primera ocasión en que se aplica el procedimiento de cooperación reforzada.
Creado en 1999, este procedimiento permite a grupos compuestos por muchos países adoptar normas que sólo se apliquen en éstos, pero no en toda la UE. Viviane Reding, Comisaria de Justicia y Derechos Fundamentales, presentará la normativa en nombre de Austria, Bulgaria, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Luxemburgo y Rumanía.
http://ec.europa.eu/news/justice/100324_es.htm
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