La Consejería de Bienestar Social del Gobierno canario ha editado una guía para la detección y notificación de situaciones de riesgo y maltrato infantil, destinada a que se conozca en el ámbito sanitario, educativo y policial, con el fin de que todos pongan en marcha el protocolo de actuación ante estos casos.
DORY MERINO, Tenerife
El principal objetivo es prevenir las situaciones de riesgo y atajar el maltrato desde el primer momento. Los expertos indican que estos hechos se pueden producir en cualquier familia, aunque se debe observar más de cerca a los menores que provienen de familias desestructuradas.
Según la Consejería, este protocolo responde a las demandas de los profesionales, "para poder dar respuesta no sólo a los problemas, sino a la detección precoz de los mismos y poder actuar sobre las causas", tal y como precisa la guía.
En opinión de los expertos, "una detección precoz es una garantía para el éxito de la intervención".
Respuesta urgente.- Los profesionales insisten en que un caso con nivel de prioridad requiere una respuesta de urgencia. Aquí se encuadran, entre otros, los informes de abuso sexual intrafamiliar, que el menor permanezca solo en casa durante un tiempo no razonable, porque no es capaz de cubrir sus necesidades básicas; notificaciones de padres psicóticos (actúan de manera estrafalaria o bajo la influencia de drogas) o informes de padres que tienen miedo de dañar a sus hijos y solicitan sacarlos del hogar.
Difusión a gran escala.- El Gobierno canario asegura que ya ha difundido este documento en jornadas técnicas que se han llevado a cabo en todas las Islas, donde han participado los ayuntamientos, así como responsables de los cuerpos y fuerzas de seguridad, además de la Fiscalía de Menores y del Diputado del Común. Sin embargo, también es aconsejable que todos los ciudadanos conozcan el contenido de esta guía, porque, junto con los padres, forman parte del primer nivel de responsabilidad para asegurar la protección de los menores.
Nivel de responsabilidad.- El segundo nivel de responsabilidad son los servicios sociales comunitarios, la educación, la sanidad, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la Policía Local. El tercero es la Dirección General de Protección del Menor y la Familia, "que interviene cuando los sistemas de protección normalizados no han podido garantizar los derechos básicos de los menores y la seguridad e integridad física y moral se encuentran en grave peligro. También figura en este apartado el sistema judicial, que interviene cuando hay una vulneración de los derechos fundamentales y se ha cometido un delito o falta", precisa el documento, donde se insiste en que los ciudadanos que conozcan o sospechen de casos de maltrato deben comunicarlos a los servicios sociales (municipales o insulares, con el fin de que los profesionales determinen la mejor atención del niño.
En el ámbito sanitario.- La guía va dirigida a todo el personal sanitario, pero en especial a las personas que trabajan de forma directa con los niños (pediatras, enfermeras de pediatría y matronas). A todos ellos recuerda que los malos tratos engloban situaciones de negligencia y abandono, así como abuso físico, sexual y psicológico. Estos profesionales ocupan una posición privilegiada ante situaciones de sospecha o evidencia de maltrato infantil. Cabe recordar que los sanitarios que atienden a los menores son los que observan los daños físicos o psicológicos y deben dar traslado de estas lesiones a la Fiscalía.
En los colegios.- La guía describe unos indicadores físicos y de comportamiento de los escolares que pueden ser manifestación de maltrato. Son precisamente los profesores los que pasan más horas al lado de los niños en las aulas y deben conocer los síntomas por los que muestran desconcentración, bajo rendimiento o comportamiento extraño con sus iguales o con las personas que representan la autoridad. La guía destaca el papel de la tutoría como primer agente, que, junto con el resto de los profesores, pueden iniciar el protocolo cuando detecten o sospechen el maltrato.
Dificultades.- La guía también pone de manifiesto las dificultades que se encuentran las personas implicadas para solicitar ayuda a la hora de detectar los malos tratos, como por ejemplo, la falta de conocimiento sobre las situaciones de riesgo, atribuirlo a costumbres o prácticas culturales, no existencia de secuelas físicas, que los niños tengan sentimiento de culpabilidad y sean víctimas de amenazas o la falta de confianza en la actuación de los servicios sociales o la indefensión implícita de la infancia, que imposibilita al niño moverse para buscar ayuda.
Policía y Guardia Civil.- La Policía puede detectar el maltrato infantil a través de llamadas al 112 o al recoger una denuncia y siempre remitirán los datos al Grupo de Menores para realizar su investigación, que tendrá un tratamiento distinto si se trata de agresiones físicas o sexuales o si el caso es de mendicidad. La Guardia Civil cuenta con una unidad especializada (Equipo de Mujer y Menor), integrada en la Policía Judicial, para el tratamiento del maltrato en niños. Por su parte, la Policía Local también juega un importante papel, puesto que es la más cercana al ciudadano y no sólo interviene cuando los hechos se han producido, sino que parte de su trabajo es implicarse en aquellos casos en las que los menores son víctimas de delitos, sobre todo en el ámbito familiar, y que son de difícil detección.
http://www.eldia.es/2009-09-08/CANARIAS/13-guia-ensena-medicos-maestros-policias-detectar-maltrato-infantil.htm
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