El fiscal retiró la acusación por violencia de género durante el juicio en 216 casos el año pasado, y en el 44% de ellos la víctima se negó a ratificar su denuncia. En 2007 fueron el 37%.
La clave reside en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que exime a los testigos de declarar contra parientes cercanos. La Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) son partidarios de modificarlo, mientras que muchos abogados y jueces se oponen porque obligaría a la víctima a ir contra su voluntad y en ocasiones mentiría para proteger a su pareja. "¿Y lo siguiente qué será? ¿Perseguir a la mujer por falso testimonio? Eliminar el 416 es absurdo", subraya un magistrado. El Gobierno ya intentó en 2007 la reforma del artículo 416, pero no recabó en el Senado los apoyos necesarios. Ahora, para replanteárselo está a la espera de las conclusiones de un informe sobre la Ley Integral.
Pero que la víctima retire la denuncia al comienzo de la instrucción no implica que su caso se paralice, y la fiscalía debe perseguir el delito si cuenta con pruebas y testigos para llegar a juicio. En los últimos dos años se presentaron 268.418 denuncias, pero 28.800 mujeres claudicaron. Y el alza de renuncias es continua. Si 2007 arrancó con un 9, 34%, 2009 se inició con un 11,6%, según datos del CGPJ. Mientras, ha subido siete puntos de 2007 a 2008 (del 37% al 44%) el porcentaje de casos en que el fiscal retiró la acusación durante el juicio oral por desistimiento de la víctima.
"Y seguirá creciendo. El maltrato es un problema muy complejo y es muy difícil que la mujer persista", subraya la fiscal Anabel Vargas, adjunta a la fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer. En el enésimo caso, la pasada primavera, la Fiscalía de Sevilla pidió 14 años de prisión para un agresor sexual, acusado asimismo de secuestro, y finalmente resultó absuelto tras negarse la víctima a declarar en su contra. "Le denuncié por despecho", alegó cegada ante el tribunal.
Inmaculada Montalbán, presidenta del Observatorio de Violencia de Género del CGPJ, aboga por modificar el artículo 416 y encontrar un eureka que no perjudique a la mujer denunciante. "Ahora ofrece un mecanismo para que la mujer se lo vuelva a pensar y provoca el efecto contrario: los asuntos regresan al ámbito privado", reflexiona. Otro magistrado experto en el tema, discrepa: "El Estado le pide a la mujer que se sacrifique por el bien general para acabar con el machismo... ¿Es conveniente arrastrar a esa persona en contra de su voluntad? A menudo, la mujer te explica que prefiere que trabaje y pague la pensión antes de que vaya a la cárcel. ¿Se puede lograr que una mujer sea digna, o es una cuestión personal?".
En los últimos años, el acoso a la víctima se multiplica y muta ante el combate de las Administraciones. Los expertos han detectado cómo la familia del maltratador se implica en presionar a la mujer para que retire la denuncia. "El padre, la madre, la hermana de su ex pareja insultan, amenazan o acosan a la víctima", describe Amparo Díaz, abogada especializada en violencia de género. "Del centenar de casos que he tratado en tres años, el 26% había retirado la denuncia previamente. Porque sentían que la situación había empeorado, por el acoso de los familiares y amigos de su ex pareja y porque se produjo una pacificación temporal que finalmente empeoró", ilustra Díaz. El agresor usa incluso a los hijos para chantajear a la víctima. Estrella Rojas, psicóloga clínica, lo explica: "Los hijos sueltan frases del tipo '¿Cómo se te ocurre meter a mi padre en la cárcel?' Si él no amenazara, ella seguiría siempre adelante... ¡Ésa es la clave!".
Las razones para la retirada son múltiples. Ésta ocurre a diario en los juicios. "No se retractan, sencillamente no hablan. Tienes una sensación de circo y pérdida de tiempo porque se ha trabajado mucho. Ya tenemos hasta un modelo de sentencia para cuando ocurre...", explica la juez María Ángeles Sáez, que presencia impotente el silencio de las víctimas en sus juicios.
Una fiscal critica que "antes de la vista oral la acusación particular debería ponerse en contacto con la fiscalía". Así, el Ministerio Público sabría que no contará con el testimonio de la víctima y podría modificar su estrategia y el agresor podría ser condenado.
Para combatir esta lacra los expertos apelan a la concienciación y así evitar la política represora del derecho penal.
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