María S. perderá hoy la custodia de su hija, pese a que su ex pareja ha sido condenado por malos tratos. La mujer perdió la custodia porque, mientras se resolvía su caso, su ex le denunció por incumplimiento del régimen de visitas por lo que fue condenada. Ella quiere reabrir su caso.
La historia de María S. es una auténtica maraña judicial desde que en el año 2001 se divorciara e iniciara un procedimiento penal por los supuestos malos tratos que recibió de su ex pareja. Ahora la Justicia le ha dado la razón, después de que el Tribunal Supremo haya confirmado la condena de un año y nueve meses por maltrato habitual impuesta al que fuera su marido por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla.
Sin embargo, hoy tendrá que entregar a su hija de nueve años al padre en el punto de encuentro familiar de la Junta –sobre su ex pesa una orden de alejamiento– porque ha perdido la custodia al haber incumplido “reiteradamente” el régimen de visitas. De hecho, María ha sido condenada a prisión por dos juzgados sevillanos por este delito, lo que provocó que el año pasado la Sección Segunda de lo Civil de la Audiencia le retirara la custodia en favor del padre, un mes antes de que otra Sala dictara la condena de malos tratos. Una sentencia que ella ha aportado con posterioridad, sin éxito, y con la que quiere reabrir su caso desde la sentencia del divorcio.
Con la resolución de la Audiencia el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Dos Hermanas (donde la pareja residía en el momento del divorcio) ejecutó el fallo, que hoy debe cumplirse a las 19.00 horas. A partir de entonces, la madre podrá ver a su hija dos días a la semana y los fines de semanas alternos, además de compartir las vacaciones con el padre.
María incluso intentó solicitar el amparo al Tribunal Constitucional para lograr que la primera condena (de un año de prisión) le fuera anulada, aunque su recurso ni siquiera fue admitido a trámite. La segunda condena, dictada en 2007 por el Juzgado de lo Penal 1, le condenaba a dos años por sustracción de menor e incluso le retira la patria potestad de la menor durante cuatro años por “impedir” la relación de la menor con su padre.
María asegura que, además de los malos tratos recibidos por su marido, “está siendo maltratada por la Justicia”, ya que el proceso penal contra su ex marido se ha demorado casi siete años. Según ella, su ex ha utilizado todo este tiempo para ponerle denuncias “cuando era él el que entregaba tarde al punto de encuentro los partes” con los día que iba a ver a la niña. No obstante, ella admite que al principio “no la llevaba por miedo”. Ahora la relación de la menor con su padre “es cordial”, pero “no se quiere ir con él”, según la madre, pese a que ve a su progenitor de manera habitual.
María asegura que no está dispuesta a perder a su hija y que piensa luchar hasta recuperar su custodia. Por ello recientemente acudió a la Dirección General de Violencia de Género, donde fue atendida por la directora general, Ana Soledad Ruiz.
Tras esta reunión, la Consejería de Igualdad ha abierto un expediente para estudiar su caso y, además, se lo ha remitido a la fiscal delegada de Violencia a la Mujer. En el informe la Junta insta a la Fiscalía a que revise el caso y le apoye, y recuerda que “se está produciendo un incumplimiento del artículo 92.7 del Código Civil”, en el que se especifica que “no procederá la guarda conjunta cuando cualquiera de las partes esté inmerso en un proceso penal por violencia de género, “tal y como es su caso”. Además, también ha trasladado la historia de María a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género para “su conocimiento y efectos oportunos”.
No obstante, la Junta le insta a cumplir con el régimen de visitas impuesto por el juzgado, mientras que “la situación no sea modificada por el juzgado pertinente”.
Por otro lado, el delegado del Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente, también ha sido informado por la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres y la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, que le han remitido una carta conjunta.
Para estas entidades la ex pareja de María inició “una maniobra perfectamente calculada y destinada a arropar” la petición de cambio de custodia que inició tras la sentencia del divorcio, “bajo la acusación de que la esposa obstruye el régimen de visitas establecido”.
En la carta las entidades reclaman al Ministerio de Igualdad y al de Justicia que promuevan los mecanismos necesarios para que los padres condenados por maltrato o inmersos en un proceso penal “no puedan comunicarse ni ver a sus hijos”.
http://www.elcorreodeandalucia.es/noticia.asp?idnoticia=4424170098094093091091424170
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